Se prorrogó la Emergencia en Seguridad en la Provincia

En la votación clave ayer, en el cual la Legislatura convirtió en ley al Presupuesto 2019 elaborado por el gobierno de María Eugenia Vidal, la oposición también colaboró con la aprobación de la prórroga para la Emergencia en Seguridad Pública en la provincia.

Con este aval de los legisladores bonaerenses, será la tercera vez que se aprueba la ley que permite mayor presupuesto y herramientas a las fuerzas de seguridad de la provincia.

Uno de los que celebró esta medida fue el diputado oficialista Matías Ranzini, quien preside la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados de la provincia.

Esta ley es para seguir profundizando la lucha contra las mafias, hoy votamos la prórroga de la ley de emergencia en seguridad, porque tenemos una Gobernadora con decisión política de terminar con el narcotráfico, y un ministro que tiene un trabajo ejemplar para lograr eso”, estableció el legislador.

Según Ranzini, durante los tres años de la gestión de Vidal y de Cristian Ritondo como ministro de Seguridad, se incautaron más de “5 mil kilos de cocaína”, “64 mil kilos de marihuana” y “medio millón de dosis de paco”.

“Es la historia que están escribiendo Vidal y Ritondo, que es contra las mafias, con voluntad política y el acompañamiento de los bonaerenses”, agregó.

La normativa establece “redefinir la estructura, misiones, competencias, funciones y acciones de las Policías y del Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, creando, modificando, extinguiendo o suprimiendo total o parcialmente su organización, dirección y funciones, asignando o reasignando elementos, jerarquías, roles, competencias y distribución territorial en los términos que se determinen y a fin de dotarla de la eficiencia debida para atender correctamente sus objetivos y prestaciones fundamentales”.

Además se busca optimizar los recursos humanos, tecnológicos y materiales, así como la adecuada prestación del servicio en cada área, a fin de garantizar las mejores acciones preventivas, operativas y resocializadoras”.

También, la de garantizar “derechos, condiciones, elementos de trabajo y hábitat laboral del personal policial y penitenciario de la Provincia de Buenos Aires a los fines que puedan cumplir y desarrollar correctamente el servicio a su cargo”.

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