Revés para los intendentes peronistas que fueron a la justicia contra el tarifazo: rechazan su denuncia

La fiscalía declaró “falta de legitimación activa” para litigar. La medida fue también para legisladores nacionales y provinciales, y el Defensor del Pueblo. Solo se aceptó la denuncia de las asociaciones defensoras de usuarios.

La fiscalía Federal de La Plata rechazó las demandas iniciadas por los intendentes del peronismo, legisladores nacionales y bonaerenses, y el Defensor del Pueblo de la provincia contra el aumento de las tarifas dispuesto por el gobierno nacional y propuso dejarlos afuera del conflicto judicial.

En una resolución reciente, el fiscal Guillermo Héctor Ferrara rechazó por “falta de legitimación activa” esos planteos y se declaró competente para “entender” en las denuncias presentadas por las asociaciones de consumidores CEPIS, DEUCO y ADDUC.

El revés de Ferrara recayó contra las demandas iniciadas por los intendentes Gabriel Katopodis (Gral. San Martín), Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Jorge Ferraresi (Avellaneda).

También Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Verónica Magario (La Matanza), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Juan Zabaleta (Hurlingham), Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Julio Zamora (Tigre).

A todos les adjudicó “falta de legitimación activa”, entendiendo que “carecen de legitimación con base en la ley 24.240, en defensa de los derechos de incidencia colectiva”, tal el fallo de la Corte Suprema nacional en el conflicto “Municipalidad de Berazateguic/Cablevisión SA s/Amparo”.

Lo mismo para el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino (Defensor del Pueblo de la Provincia de Chaco c. Poder Ejecutivo Nacional s/Amparo”.

También recibieron el rechazo los diputados nacionales Felipe Solá, Cristina Álvarez Rodríguez, Leonardo Grosso y Rodolfo Tailhade, y de sus pares bonaerenses Fabiana Bertino y Guillermo Escudero; además del senador Darío Díaz Pérez.

En ese caso mencionó un fallo de la Corte Suprema (Abarca, Walter José y otros c. Estado Nacional) que “estableció que carecen de legitimación para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica del ámbito geográfico de la provincia de Buenos Aires”.

Finalmente el fiscal se declaró competente para intervenir en las denuncias realizadas por CEPIS, DEUCO y ADDUC; mientras que aceptó la denuncia de proceso colectivo ante el Registro de Asociaciones Colectivas, que permite litigar sin gastos.

Ahora, tras el dictamen del fiscal, el juez de la causa deberá comenzar a resolver sobre la denuncia contra los aumentos en las tarifas de luz, gas y transporte dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri y que comenzaron a regir a partir del primer día de febrero.

FUENTE: LA TECLA

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