Se multiplican las falsas amenazas de bomba en escuelas de la ciudad

Los alumnos del Instituto San Francisco de Asis fueron desalojados tras recibir la amenaza de bomba.

No se sabe quién o quienes organizan este tipo de “bromas telefónicas” que generan una pérdida de tiempo y un gasto de dinero importante ya que movilizan a una estructura estatal que pasa por los agentes municipales de DPU, tránsito, policías y brigada antiexplosivos que se desplazan desde San Isidro porque así lo marca el protocolo que deben seguir ante esas situaciones que para el ámbito educativo y familiar ocasiona un profundo malestar.

En el caso particular de las escuelas de Zárate, durante la jornada de ayer la escuela técnica N° 1 sufrió una amenaza de bomba en horas de la tarde. El aviso ingresó directamente a la baseo del Comando de Patrullas de Zárate; a través de un llamado anónimo. Finalmente tras las inspecciones realizadas en el lugar se determinó que todo era falso.

Lo mismo pasó hoy, esta mañana en el Instituto San Francisco de Asis que se vio obligada a desalojar el edificio ante una llamada anónima que advertía sobre la presencia de un dispositivo explosivo. Según confirmaron los peritos, se trató de una “broma”.

Más de un millar de causas por amenazas de bomba a colegios en la provincia
Lo cierto es que cada vez que se recibe una llamada anónima en una escuela, la Dirección General de Cultura y Educación realiza una denuncia y lo notifica a Fiscalía de Estado.

En cualquier causa penal en la cual se controvierte un interés patrimonial de la Provincia, ese organismo de la Constitución se presenta como particular damnificado porque ante cada amenaza de bomba se realizan operativos que ocasionan gastos al Estado.

Por ello, como víctima del perjuicio económico para el erario público, la Fiscalía se presenta como parte en la causa penal, para aportar la prueba que considere pertinente.

Una de las causas más resonantes es la del joven L.S. quien realizó diversas amenazas al colegio Normal 1 de La Plata.

El 29 de noviembre pasado, la Fiscalía de Estado se presentó como particular damnificado en esa causa y el 21 de marzo de 2019 presentó ante la Justicia un informe elaborado en base a material aportado por los ministerios de Seguridad y Educación que señalaban que las pérdidas ocasionadas por las falsas amenazas de bomba eran de 58.742 pesos en concepto de operativo policial y de bomberos, mientras que se perdieron 3.900.298 pesos en sueldos docentes y aportes patronales al no poder dictar clases por 30 días.

El 9 de mayo de este mes, la causa se radicó en el Juzgado en lo Correccional N° 5. En el caso en que haya una condena por el delito de intimidación pública, se pasa a la instancia del reclamo civil. Pero si en sede penal se declara que no existió delito, la Fiscalía no puede pedir ese resarcimiento.

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