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La Senadora Agustina Propato impulsa un proyecto de Ley para la conservación y protección de humedales

La senadora provincial del bloque Frente de Todos, por la segunda sección, Agustina Propato, presentó un proyecto de ley para la “conservación, protección, restauración ecologico y uso racional y sostenible de los humedales”, que elevó a la legisltatura para su debate, en medio de la quema en la zona de islas que afecta al delta del Paraná e incluye a Zárate.

“Es imperioso reconocer la importancia de los humedales y la necesidad de protegerlos, e incorporar estas acciones en la agenda política de planificación y gestión de los gobiernos” expresó la legisladora bonaerense.

El proyecto busca definir acciones que permitan mantener los procesos ecológicos y culturales de los humedales; proteger y conservar la biodiversidad de la flora y la fauna; contribuir a la regulación del régimen hídrico; propiciar la conservación, manejo y uso sostenible de los humedales, entre otros objetivos.

También busca promover los medios de vida tradicionales entre las poblaciones, garantizar el fomento y fortalecimiento de redes de producción, comercialización y consumo agroecológico, y adoptar el enfoque de género e interculturalidad.

La autoridad de aplicación propuesta es el organismo ambiental de maxima jerarquía en la provincia, el OPDS, y deberá intervenir la Administración de Parques Nacionales si se trata de áreas naturales protegidas incluidas en la normativa relacionada.

La propuesta prevé que el OPDS desarrolle estrategias de protección provincial y regional para el manejo de humedales, así como los criterios básicos para la gestión, conservación y uso racional. De la misma manera, ese organismo tendrá la responsabilidad de tutelar los planes de ordenamiento local para esos espacios.

LOS DETALLES
La idea es que se ponga en marcha un proceso de “inventario provincial de humedales”, cuyo proceso debe estar finalizado dentro de los cinco años desde la entrada en vigencia de la ley, de manera tal que se pueda ubicar, identificar y caracterizar los humedales en cada escala, con la descripción de los servicios ambientales que brindan. De la misma manera, cada cinco años deberá ser actualizado.

La autoridad de aplicación deberá establecer un ordenamiento territorial para identificar los humedales como áreas de gestión especial, diferente de las terrestres, garantizando la conectividad y el mantenimiento de su régimen hidrológico.

En ese inventario deberán constar las actividades prioritarias y modos de ocupación de las áreas humedales, con la correspondientes limitación de desarrollos urbanos, agropecuarios e industriales, así como de vuelco de desechos.

El proyecto de ley prevé la obligación de evaluaciones de impacto ambiental ante obras de infraestructura y actividades humanas que pudieran afectar las características de los humedales, con especial atención en las audiencias públicas que prevé la denominada “Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”.

En el articulado aparece la prohibición expresa de intervención en ecosistemas de humedales sin el estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado, entre lo que aparecen el “uso del fuego para quemas parciales o totales, independientemente del fin que se persiga”; el desmonte o afectación de masas forestales; práctias de escurrimiento artificales como canales, acequias, etc.; Tampoco se podrán hacer sin EIA movimientos de suelo; alteración de líneas de costa; instalación de infraestructura que pueda modificar el régimen hidrológico; construcción de terraplenes, albardones u otras estructuras que modifiquen la circulación del agua; construcción de represas de cualquier escala.

También prohibe, sin estudio de impacto ambiental aprobado, el vuelco de efluentes, desechos, desperdicios o culquier otra sustancia extraña que pueda ser contaminante; el desvío o modificación de los cursos de agua; la introducción de especies exóticcas con cualquier fin.

De la misma manera, establece que las prácticas recreativas o de turismo que puedan poner en riesgo el sistema o excedan su capacidad de carga; el cambio de uso del suelo; la implementación de prácticas para favorecer el predominio de algunas especies sobre otras, incluso si son autóctonas,también deben tener estudio de impacto ambiental.

Organismos científicos, universidades, ONG, organizaciones sociales con saberes locales, gobiernos municipales y comunidades autóctonas formarán parte de comisiones de intercambio, consulta y produccón de inforamación para garantizar la conservación de los humedales y elaborar recomendaciones que tienan a cumplir los objetivos de la ley.

Los municipios recibirán del OPDS la asistenia ténia, económica y financiera para el inventario de los humedales ubicados dentro de su territorio, así como para su conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los bienes y servicios ecosistémicos que brindan a la sociedad.

El incumplimiento de la ley será sancionado con una escala que comienza con apercibimiento, multas de entre 100 y 10 mil sueldos básicos provinciales, suspensión o revocación de las habilitaciones vigentes, hasta el cese definitivo de la actividad autorizada.

EMA

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