El escrito de ocho páginas plantea cinco ejes de reclamos: «cuidar, alimentar y construir es trabajar»; contra la «precarización» laboral; reforma judicial feminista y transdisciplinar; por la «autonomía de nuestros cuerpos y territorios»; y educación sexual integral.
«La deuda es con nosotras y nosotres. Que la paguen los que las fugaron» es el título del «Documento Colectivo 8M» que agrupaciones y referentes feministas llevaron este martes al Congreso nacional junto con reclamos como justicia por los femicidios, aparición con vida de Tehuel, libertad a Milagro Sala y no al juicio a Higui, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer.
El documento de 8 páginas señala: «Hoy paramos en nuestros trabajos, en nuestras casas y de las muchas maneras que podemos parar de hacer lo que los mandatos patriarcales nos demandan. Estamos aquí, con el dolor y la rabia por las compañeras que nos faltan, por la violación en grupo de la que somos testigos, porque es una conmoción nacional que exige darlo vuelta todo. A un año de la desaparición de Tehuel, nuestro compañero trans desaparecido mientras iba a buscar trabajo, seguimos exigiendo Aparición con vida Ya. Con el juicio inminente contra Higui, lesbiana chonga y popular, por haberse defendido de una violación en grupo. ¡Por la libertad de Milagro Sala, presa política!».
En el documento las agrupaciones afirmaron: «Hoy, 8 de marzo de 2022, el movimiento feminista ha vuelto a ocupar las calles masivamente. ¡Ni la pandemia, ni el empobrecimiento, ni la violencia machista que no toleramos más pudieron evitar que volvamos a decir que el 8 de marzo es el día internacional de la huelga feminista!».
Con el objetivo de «recuperar la calle» después de dos años de pandemia, las mujeres llevaron al Congreso un documento colectivo en el que apuntaron sus principales reclamos como la sanción de las leyes de humedales, de Acceso a la Tierra y de Soberanía Alimentaria, una modificación a la legislación que regula los alquileres, que se garantice la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en todo el país «con perspectiva feminista y que se cumpla con la IVE en los plazos que exige la autonomía y la salud de las personas gestantes», que se haga efectiva la Educación Sexual Integral.
El documento plantea cinco ejes de reclamos: «cuidar, alimentar y construir es trabajar»; contra la «precarización» laboral; reforma judicial feminista y transdisciplinar; por la «autonomía de nuestros cuerpos y territorios»; y educación sexual integral.
Entre otros reclamos también figuran la apertura de archivos de la dictadura, la separación de la iglesia y el Estado, Ley de Emergencia en Adicciones, «que se discuta y promulgue de una vez la ley de HIV Hepatitis y otras ITS y que se garantice la producción nacional de medicamentos», que se garantice «derecho a la vivienda como algo sustancial para nuestras autonomías», y «una reforma judicial feminista que garantice el acceso al sistema de justicia para las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries».
Como cada año, se volvió a pedir que una ley declare la «Emergencia en violencia de género» porque se necesitan «medidas de protección para situaciones de violencia de género lleguen a tiempo».
También se pidió la «excarcelación a todas las personas privadas de su libertad por ser pobres, migrantes o por estar en situación de prostitución y/o trabajadoras sexuales» y la «libertad a las presas por abortar o por eventos obstétricos».
En este punto se mencionaron los casos de Paula Martínez, quien diciembre de 2021 apareció muerta en su casa de Florencia Varela tras haber denunciado una violación grupal, y de Miranda Ruiz, «médica presa por garantizar un aborto en Tartagal y protección para todes les profesionales que cumplen con la ley de aborto legal, seguro y gratuito en tiempo y forma».
