Según señalaron, a pesar de haber sido crímenes cometidos durante un gobierno constitucional deben tipificarse como delitos de lesa humanidad dado que “formaron parte de un plan de represión contra militantes políticos, desarrollado ilegalmente desde el Estado y por agentes del mismo”.
Por otro lado, agregaron que durante la denuncia además de hacer un relato pormenorizado de los hechos, propusieron diferentes testigos que “tienen conocimiento de lo sucedido y aportarán valiosa información sobre ello”.
Además la APDH pidió la intervención a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la doctora Ángeles Ramos, en la denuncia que fue radicada ante la Secretaría Penal Nro. 3 del Juzgado Federal a cargo del doctor Adrián González Charvay.
