El pasado viernes se llevó a cabo en el local de Cerca, ubicado en Hipólito Yrigoyen 453, la presentación del proyecto de ley del Salario Básico Universal (SBU), desarrollado e impulsado por el Frente Patria Grande, que contó con la participación de diputados nacionales como Itaí Hagman y Federico Fagioli; y la diputada provincial Lucía Klug, quienes fueron recibidos por los referentes de Cerca, Rodrigo García Otero, Fernando Vaccaiani, Joel Rodríguez, Ismael «Pino» Cominguez y Pedro Sánchez.
Militantes provenientes de distintos localidades bonaerenses como Escobar, Campana, Baradero, San Pedro o Pergamino se acercaron para conocer los detalles del proyecto que propone la creación del SBU, que tendría un valor igual al de la Canasta Básica Alimentaria de un adulto equivalente informada por el INDEC y que apunta a eliminar la indigencia en el país.
«Lo que el proyecto viene a proponer es dar un salto grande en la política social y generar un ingreso básico para todas las familias, que equivale a la Canasta Básica Alimentaria y generar una transferencia de ingresos de manera inmediata a todos los sectores populares que están hoy sin una garantía de derecho al trabajo con todas las coberturas correspondientes», sintetizó García Otero.
En ese sentido, sostuvo: «El Salario Básico Universal viene a complementar la discusión económica que viene planteando la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner al poner de manifiesto ciertas cuestiones críticas y que es necesario que el gobierno nacional tome nota y tome medidas al respecto. Cerca es una composición generacional de militancia y venimos a plantear que en este escenario es necesario que estos proyectos se discutan para poder dar un salto adelante en la situación económica y social que está viviendo nuestro país».
El proyecto del SBU tiene como objetivo eliminar la indigencia
Por su parte, la diputada provincial Lucía Klug, joven referente del Frente Patria Grande, explicó que este proyecto parte del análisis de una realidad y un cambio de paradigma acerca del mundo del trabajo a nivel global y señaló que «en todo el mundo se está discutiendo la posibilidad de un salario y un piso básico de ingresos que hoy no garantiza la productividad en sus márgenes o el mercado en sus términos más clásicos. En este momento de Argentina donde tenemos un 7% de desocupación, que es un nivel bajo en comparación con otros momentos de nuestra historia, pero tenemos un 37% de pobreza que habla que hay muchos trabajadores y trabajadoras que no llegan a fin de mes, necesitamos un Estado cada vez más ágil repensando ese mundo que está cambiando constantemente y a partir de ahí trabajar en respuestas de un Estado que genere respuestas».
Se estima que el desarrollo de este proyecto generaría un cambio sustancial en la vida diaria de aproximadamente 7 millones de personas y sacaría de la indigencia a 4 millones de argentinos.
Por su parte, el diputado nacional Itaí Hagman expresó: «Tenemos un mercado de trabajo fragmentado, donde aun en los contextos de crecimiento económico y baja de desempleo, hay un sector que queda excluido del mercado laboral formal e informal. Es un problema que la Argentina ya ha enfrentado y que ha dado respuesta a través de su sistema de seguridad social».
El autor del proyecto de ley, indicó que el SBU establece un piso, una red, para que nadie esté en situación de indigencia en la Argentina. «Hoy en día, ni tener un empleo formal, ni tener pleno empleo garantiza que todo el mundo tenga un piso de bienestar, como sí ocurría hace 50 años atrás, entonces hay que pensar nuevas respuestas. Esta es una propuesta pensada para la Argentina en función de la realidad de nuestro país y de la experiencia», expresó y concluyó: «No alcanza solo con un Estado que garantice políticas de crecimiento económico o distribución del ingreso, es muy importante pero no alcanza. Hay que incorporar a la economía popular organizada como parte de un sistema económico mixto, donde existe el sector privado, el sector público y donde la economía popular puede ser una suerte de tercer sector donde se pueda garantizar trabajo formal, con dignidad y derechos».