Diputados provinciales de la oposición ingresaron a la Legislatura bonaerense un proyecto en el que le solicitan al Gobierno de Axel Kicillof que derogue el protocolo que permitió desde la pandemia por coronavirus y la implementación de las medidas de aislamiento en marzo de 2020 que los reclusos de las cárceles provinciales tengan en su poder teléfonos celulares.
Se trata de los diputados de Juntos Matías Ranzini, Alex Campbell, Juan Carrara y Johanna Panebianco quienes expresaron en la presentación del proyecto que resulta “imperioso” derogar el protocolo de uso de celulares en cárceles bonaerenses “en pos de velar por la seguridad de los bonaerenses”.
Los legisladores opositores, referenciados en María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, hacen la petición a Kicillof basados en un aumento precipitado en los últimos meses de los delitos telefónicos, las estafas y las extorciones, muchos de las cuales, según explicaron, se realizaron desde cárceles bonaerenses.
Según cifras del Ministerio de Seguridad bonaerense, las subas interanuales los delitos virtuales, estafas y extorciones fueron considerables a lo largo de la última década. Se pasó de 15.711 expedientes por estafa en 2020 a 27.919 en 2021, 12.208 denuncias de diferencia, es decir un 77,7% más de casos.
En ese sentido, Ranzini explicó que diez meses después de la cuarentena, tanto el uso de teléfonos móviles, como los allanamientos en penales por delitos intramuros, siguen creciendo y se tornan cada vez más complejos. “No entendemos por qué tal medida se extendió infundadamente más allá del plazo establecido expresamente por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia”, resaltó el legislador.
El Protocolo de uso de celulares en cárceles bonaerenses, entró en vigencia en marzo de 2020, luego de la aplicación de las restricciones por la pandemia de coronavirus, con la intención de que los internos, ante la imposibilidad de tener visitas, puedan contactarse con sus familiares y no pierdan toda relación con sus allegados.
El Tribunal de Casación Penal estimaba que el permiso estaría vigente mientras se prolongara el aislamiento obligatorio ordenado por el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia de coronavirus. Además, instó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense a crear un protocolo normativo.
Al inicio de la pandemia, unos 4.500 celulares fueron registrados por los presos alojados en unidades penitenciarias bonaerenses, y algo más del 10% de los 44.000 internos que hay entre las cárceles y alcaidías, blanquearon ante las autoridades penitenciarias los celulares que ya tenían en sus celdas o adquirieron a partir de esta disposición.
“El Protocolo de pandemia hoy ya trae aparejado más problemas que soluciones al no ponerle fin, porque la gente se debe cuidar también de los delincuentes que operan desde dentro de las penitenciarías con un uso no controlado de los teléfonos celulares”, explicaron los diputados al justificar el proyecto presentado en la Legislatura bonaerense.
Asimismo, los diputados opositores de Juntos destacaron que el uso de telefonía móvil y el acceso a internet que se dio a través de la decisión de del Gobierno de Kicillof “conlleva grandes riesgos asociados a la seguridad que, si bien no resultan insalvables, son de compleja y costosa gestión y prevención“.
Pero al mismo tiempo, a pesar de que el proyecto de los opositores apunta a desactivar el uso de los teléfonos celulares en las celdas, que en principio fueron instrumentados para que los internos tengan relación con sus familias, los legisladores pusieron énfasis con la importancia de desactivar el protocolo y a su vez restituir el sistema de visitas en las cárceles bonaerenses.
