Itai Hagman, diputado nacional del Frente de Todos, presentó el pasado mes de mayo un proyecto de ley que propone un Salario Básico Universal (SBU). Lo que se plantea es cada grupo familiar pueda percibir un monto de hasta dos canastas básicas alimentarias por mes, brindando en concepto de SBU. La iniciativa busca ayudar a los millones de trabajadores informales de la Argentina que no poseen un ingreso que cubra un piso alimentario.
El proyecto de ley estima unos nueve millones de beneficiarios. Teniendo en cuenta la canasta básica de mayo, que fue de 14.400 pesos, esto podría representar para el Estado un gasto de más de 129 mil millones de pesos por mes. Este monto representaría, por sí mismo, un 10% del gasto corriente primario que hubo en mayo 2022, por lo que es un monto increíblemente alto para un solo programa.
Además, su implementación agravaría de forma desmedida el ya importante déficit del Estado nacional, que, de hecho, ya es financiado casi en su totalidad con emisión monetaria e inflación, según revela un informe presentado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
¿El Salario Básico Universal incentiva la informalidad?
En la última década, hubo más de 1 millón de nuevos ocupados informales, mientras que hubo nula creación de empleo asalariado registrado privado, sostiene IDESA, por lo que desde el punto de vista del mercado laboral el Salario Básico Universal también sería problemático.
Una medida de tamaña magnitud que, apunta a ayudar económicamente a los trabajadores informales, incentivaría aún más el trabajo informal al generar un incentivo por ser informal. Además, pone mayor presión en el sector privado formal que tendrá que financiar este nuevo plan asistencial, por lo que dificulta aún más la creación de empleo formal.
Según los autores del documento, el propio proyecto de Ley admite la superposición que hay con otros programas y se propone el paso vigente a seguir luego de la aprobación de la ley sea “reorganizar” el universo de políticas sociales. Esto parece sencillo, pero hay varios referentes de movimientos sociales que ya se pronunciaron diciendo que buscarán evitar recortes en los planes asistenciales. Esto implica que sería muy difícil evitar el solapamiento en las políticas sociales si el nuevo proyecto es aprobado.
