El Decreto 841/22 del gobierno nacional que estableció el pago de un bono de $24.000 a los trabajadores del ámbito privado despertó una fuerte disputa en el ámbito de la seguridad privada, en torno a la interpretación de una de las cláusulas del último acuerdo paritario en el sector.
La cámara empresaria de la actividad CAESI aseguró que resultaba «jurídicamente improcedente» hacer correr la decisión presidencial para el personal de seguridad, mientras que el sindicato UPSRA y los gremios del interior nucleados en la FATRASEP exigieron hacer efectivo el plus.
Tras días de negociación y para mantener la paz social, los empresarios propusieron el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa por única vez de $26.000 en dos cuotas para todos los trabajadores del sector.
La primera cuota será de $13.000 y se podrá pagar hasta el 15 de enero próximo.
La segunda cuota también será por $13.000 y se podrá abonar hasta el 15 de febrero de 2023.
De esta manera, con la inclusión del bono, el total bruto a cobrar por un vigilador general durante enero y febrero será de $155.000.
Dicho monto estará compuesto por $90.900 de básico, $11.100 de adicional por presentismo, $25.000 por viático no remunerativo, $15.000 por suma no remunerativa y los $13.000 de la cuota correspondiente a la asignación no remunerativa firmada recientemente.
