El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, creó una Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales, tanto en el territorio nacional como en “espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional”.
A través de la Resolución 19/2023, publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso la puesta en marcha de la Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, que conduce Aníbal Fernández.
La resolución establece entre los objetivos de la nueva área “la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos ambientales que se desarrollen dentro del territorio nacional ya sea que afecten la flora, fauna, suelo, aire, aguas y/o espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional”.
También “recolectar y sistematizar información sobre los delitos ambientales cometidos en el territorio nacional, proveniente tanto de fuentes abiertas, como de las fuerzas policiales y de seguridad federales”, además de “desarrollar indicadores y elaborar informes periódicos que sirvan de insumo para el trabajo en el ámbito de la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales y a solicitud de otras áreas” de la cartera de Seguridad.
La Unidad también buscará “elaborar un mapa de situación, a fin de detectar ‘zonas calientes’, individualizando los delitos por zonas con la finalidad de proponer medidas tendientes a la prevención de los ilícitos ambientales”.
En tanto, el artículo 11 de la resolución indicó que “la presente medida no implica erogación presupuestaria alguna al Estado nacional”. La resolución 19/2023 lleva la firma del ministro Fernández.
Será la Secretaría de Seguridad y Política Criminal la encargada de designan al titular de la Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales, quien a su vez tendrá a cargo la conducción de la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales.
La mencionada mesa estará integrada además por representantes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal; de la Dirección de Investigación de Delitos Federales; de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal; de las direcciones, departamentos y/o áreas especializadas en materia ambiental de las fuerzas federales; y de “todo otro personal de entidades estatales, nacionales o provinciales y/u organizaciones de la sociedad civil competentes en la materia cuya invitación se encuentre fundada conforme a la problemática tratada”. (DIB)
