El uso de teléfonos celulares en las cárceles por parte de los detenidos para continuar cometiendo delitos mientras cumplen sus penas se instala en el debate público y desaparece de acuerdo a la ola de inseguridad del momento, pero nunca se ha solucionado. La última vez que el tema cobró trascendencia fue meses atrás con el recrudecimiento de la violencia narco en Rosario cuya exponencial visibilidad tuvo que ver con que uno de los blancos fue un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo que fue atacado a tiros y donde dejaron un mensaje mafioso a Lionel Messi.
Luego del ataque y otros crímenes, la Procuración General de la Nación le pidió al Gobierno Nacional que tome medidas urgentes para evitar que los jefes narcos continúen operando desde los penales federales, tal como trascendió a partir de investigaciones judiciales. Sin embargo, el jefe de Gabinete Agustín Rossi negó que los reclusos tengan en su poder celulares. La negación del funcionario contrasta con un informe que elaboró la PROCUNAR en 2021 que daba cuenta de 19 casos donde capos narco encerrados mantenían el negocio de la droga usando celulares para organizar la logística de ese y otros delitos.
Ahora buscan combatir ese flagelo en las cárceles bonaerenses con la presentación de un proyecto de ley para regular la comunicación de los detenidos e instalar inhibidores de celulares. La iniciativa pertenece a la diputada de Juntos por el Cambio, Nazarena Mesías, quien ha sido muy crítica con el Gobierno de Axel Kicillof por la duración del protocolo que se estableció durante la pandemia de COVID-19 para el uso de teléfonos móviles por parte de los internos en medio de la suspensión de las visitas.
Este miércoles la legisladora radical presentó en la Cámara Baja el proyecto -al que tuvo acceso Infobae– que apunta a modificaciones “necesarias” de la Ley de Ejecución Penal 12.256 para “no contribuir a exponenciar los delitos virtuales, sin dejar de garantizar el derecho a la comunicación con familiares de las personas privadas de su libertad”, explicó Mesías.
El punto clave es el artículo 82 que garantiza a las personas privadas de su libertad el derecho a la comunicación con sus familiares y “demás personas que establezca la autoridad competente”. La modificación mantiene la garantía pero agrega que “queda expresamente prohibido el uso de equipos o terminales móviles y cualquier otro dispositivo que permita las comunicaciones telefónicas a través de aplicaciones informáticas de servicios de mensajería IP y redes sociales, como WhastApp, Telegram, Messenger, Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok y cualquier otra actual o futura”.
Para ello “se deberá proceder a instalar inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal”. Y se aclara que la violación de esta normativa será considerada “una falta grave”.
En los fundamentos del proyecto de ley, la diputada radical puso el foco en las estafas y los secuestros extorsivos como los principales delitos que se cometen desde las cárceles y señaló que la iniciativa implica también “evitarle al Estado las erogaciones económicas, los recursos humanos y logísticos que implica asistir y atender los delitos que no se tendrían que cometer por personas privadas de su libertad desde el interior de dependencias del mismo Estado”.
Además hizo hincapié en el protocolo de uso de celulares en las cárceles a partir de la pandemia de COVID-19 en 2020 para que los presos puedan mantenerse en contacto con sus familiares mientras se mantenía el aislamiento social: “Esta mencionada excepción (que en definitiva es un beneficio para aquellas personas privadas de su libertad, con el agravante de ser utilizado con fines delictivos), continúa actualmente sin fundamentación legal alguna”. En ese marco, “se considera sumamente urgente poner fin a este beneficio y con ello poner fin a este tipo de modalidad delictual”, reclamó.
