A casi un año de la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, Graciela y Silvino, así como sus abogados defensores, están a la expectativa de lo que dictamine la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense, que dilata el fallo de confirmación o modificación de las condenas tras la presentación de las apelaciones.
Los ocho jóvenes, por pedido de su abogado defensor, Hugo Tomei, escucharon la sentencia de pie. El secretario del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores, Federico Marasco, no había terminado de leer el veredicto cuando Máximo Thomsen, uno de los cinco que fueron condenados a prisión perpetua, se desmayó. Poco después, tras los insultos y los gritos de Rosalía Zárate, la madre del muchacho desvanecido, la sala de audiencias debió ser desalojada. Era el final del juicio que conmovió al país durante un mes: el debate por el homicidio de Fernando Báez Sosa, el estudiante de Derecho asesinado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell hace cuatro años: el 18 de enero de 2020.
Casi un año después del fallo de los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari las expectativas están puestas en la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense, que debe resolver si confirma o modifica la sentencia de primera instancia después de analizar las presentaciones de Tomei, del Ministerio Público Fiscal y de los abogados de Silvino Báez y Graciela Sosa, los padres de la víctima.
“Tenemos preocupación por el tiempo que lleva el Tribunal de Casación Penal bonaerense sin resolver y por los comentarios que recibimos de que los magistrados estarían evaluando la edad de los condenados, pensando que es muy fuerte tener por delante una pena de esta magnitud”, sostuvo el abogado Fernando Burlando, quien junto con sus colegas Fabián y Facundo Améndola y Germán Facio, representan a Silvino y a Graciela.
También los condenados aguardan atentos la resolución del tribunal de alzada. Allegados a Thomsen afirmaron a la agencia de noticias Télam que el joven está “muy preocupado” por supuestas “presiones” sobre la Justicia. Esa alarma se encendió sobre todo después de la reunión que los padres de la víctima mantuvieron con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Tras el encuentro, la funcionaria afirmó: ”Silvino y Graciela están en un momento procesal importante. Han recibido mensajes y rumores de que los condenados podrían quedar todos libres. Tienen una sensación de que podría haber impunidad. Es un caso que tuvo una condena concreta, fuerte y ejemplar. Estoy convencida de que la Justicia va a seguir ese camino”.
Los padres de Fernando convocaron a una oración interreligiosa “por la paz, la Justicia y la no violencia” en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para recordar a su hijo. Será mañana a las 20.
El verano pasado estuvo marcado por el desarrollo del juicio a los atacantes del estudiante de Derecho. La problemática de la violencia entre los jóvenes ganó centralidad en el debate. Aunque el fallo resultó ejemplificador, los hechos de este tipo no dejan de producirse. En las primeras horas de 2024, también en un contexto de festejo y cerca del mar, un joven de 18 años –la misma edad que Fernando– fue asesinado por una patota. Tras una pelea que comenzó en la playa, cerca de la réplica de la carabela Santa María, un clásico de Santa Teresita, a Tomás Tello lo corrieron seis cuadras hasta que lo acuchillaron en el pecho; murió desangrado en el jardín delantero de una casa, ante la mirada azorada de una familia de Quilmes que acababa de llegar al balneario para pasar allí sus vacaciones.
Thomsen, de 24 años; Luciano Pertossi, de 22; Ciro Pertossi, de 23; Enzo Comelli, de 23, y Matías Benicelli, de 24, fueron condenados a la pena de prisión perpetua al ser considerados culpables del delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves [por los golpes que recibieron los amigos de Fernando].
Los otros tres jóvenes sentados en el banquillo de los acusados, Ayrton Viollaz, de 24 años; Lucas Pertossi, de 24, y Blas Cinalli, de 22, fueron sentenciados a 15 años de prisión. Para los jueces fueron “partícipes secundarios” de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves”.
Luego de la sentencia, que se conoció el 6 de febrero del año pasado, los ocho jóvenes fueron trasladados a la Alcaidía Roberto Pettinato, en La Plata, donde permanecen hasta hoy. Están alojados en cuatro calabozos, en celdas de a dos. Continúan con un régimen de aislamiento del resto de los internos para evitar cualquier tipo de agresión, con una rutina de 21 horas diarias de encierro y tres de patio. Reciben regularmente la visita de familiares, en quienes se apoyan en mayor o menor medida.
Hacen ejercicios físicos de calistenia, tareas de mantenimiento y en la cocina de la unidad en algunos casos, según reconstruyó Télam en las últimas horas.
Encerrados en la alcaidía, los ocho están expectantes a la decisión del máximo tribunal penal bonaerense, que debe resolver sobre las presentaciones judiciales. Tomei apeló el fallo de primera instancia cuando habían pasado 20 días de la sentencia.