Superavitaria y con profesionales muy buscados en el mundo, la empresa sigue en la lista de «privatizables». «Se la quieren dar a los amigos del poder», afirman.
Los trabajadores de Nucleoeléctrica Argentina, la sociedad anónima con el 99 por ciento de las acciones en manos del Estado nacional, se movilizan para evitar la privatización de la empresa que, sostienen, generaría una enorme pérdida de soberanía energética y un enorme riesgo para al seguridad.
Tanto los trabajadores de la empresa pública que gestiona las centrales nucleares de Atucha I y II y Embalse, como las comunidades en general de Lima y Zárate, los distritos bonaerenses más identificados con Atucha, suponían que, con la victoria de Javier Milei en noviembre, podía sobrevenir una embestida privatizadora, como la de los noventa. Por eso se mueven rápido, para volver a impedirlo, como ya lo hicieron en medio de la oleada menemista.
El fallido intento de privatización que encaró el gobierno de Carlos Saúl Menem data de 1997. En aquel proceso ya estaba involucrado el actual secretario de Energía, Eduardo Javier Rodríguez Chirillo. Los más viejos, todavía en actividad, sospechan algún tipo de encono personal.
Nucleoeléctrica Argentina emplea a 3200 trabajadores, en su mayoría altamente calificados, de todo el norte de la provincia, con epicentro en Lima y Zárate, pero también de Campana, San Pedro y Baradero. A las realidades bonaerenses también hay que sumarle los trabajadores de la central de Embalse, en la provincia de Córdoba.
A contramano de los discursos libertarios, la empresa no pierde dinero sino que genera divisas, porque exporta servicios de asesoramiento a centrales similares en otros países, y aporta el 30 por ciento de la energía que consume la provincia de Buenos Aires. También produce radioisótopos, que se emplean en el tratamiento de diversos tipos de cáncer.
El principal argumento en contra de la privatización, cuenta el secretario gremial de la regional del Paraná del sindicato de Luz y Fuerza, Matías Velo, en diálogo con Buenos Aires/12, es la seguridad.
“Esto no es una fábrica de galletitas, privatizar centrales nucleares es una locura», asegura mientras agrega que «el modelo ideal es el francés, con una central cada millón de habitantes”. En ese país, las nucleoeléctricas son públicas y aportan el 70 por ciento de la energía. En Estados Unidos son mixtas y aportan el 20. Los trabajadores consultados por este medio no tienen registro de centrales enteramente privadas, como preveía el proyecto original de la ley ómnibus que todavía busca su versión definitiva en la rosca legislativa.
Velo contrapone ese modelo al de Alemania, que por cerrar las centrales nucleares “volvió a quemar carbón, como si estuviéramos en 1920” y agrega que “en los últimos años se construyeron termoeléctricas en Argentina, pero tienen un rendimiento menor, no son de potencia». «Lo mismo ocurre con las eólicas», dice mientras afirma que «las nucleoeléctricas tienen alto factor de carga y están conectadas los 365 días del año». «Eso es soberanía energética», asegura.
Avanzando en su defensa de la empresa, Velo señala: “El principal insumo acá no es ni el uranio ni el agua pesada, es la gente: personal altamente calificado, muy profesional, con años de preparación y experiencia”. En ese sentido observa una tensión entre la seguridad operacional “para adentro, de los trabajadores, y para afuera, para toda la comunidad” y la expectativa de ganancia de las empresas privadas, y lo compara con lo que ocurre en el mundo de la aeronavegación comercial.
“Algunas empresas, para ganar más, empiezan a bajar costos y así pierden seguridad. En esto, una decisión equivocada puede ser gravísima. ¿Para qué tocar lo que funciona bien?”, se pregunta, a sabiendas de que la pregunta es retórica.
Enseguida agrega que “se la quieren regalar a los amigos del poder” y enumera a “Combustibles Nucleares Argentinos, Pérez Companc y los qataríes, a través de Macri”, como principales interesados.
Reacción política
Los trabajadores de Nucleoeléctrica estuvieron reunidos con el bloque de Unión por la Patria, a través de una gestión de la diputada Agustina Propato, que reside en Lima. “Nosotros no hacemos política partidaria, pero reconocemos que el peronismo siempre defendió la actividad nuclear”, afirma Velo.
Cuenta también que le enviaron múltiples mensajes a Miguel Ángel Picheto, que nunca respondió, y que conversaron con asesores de Facundo Manes, que se comprometieron a ayudarlos.
También cuentan con el apoyo del bloque de izquierda. Velo participó por Zoom de la sesión informativa y esa instancia le dio mayor volumen al reclamo. “Me hubiera gustado estar personalmente para verles las caras”, reflexiona. Los trabajadores esperan poco del PRO, básicamente por la experiencia del período comprendido entre 2016 y 2019, cuando el macrismo despidió a 300 trabajadores.
Micaela Morán es zarateña y diputada nacional por UxP. Cuenta que “los profesionales de Atucha son muy formados y muy buscados». «Tienen ofertas laborales de todo el mundo; por eso, si los maltratas, se van y no vuelven», advierte, mientras mira las experiencias del pasado cuando la Argentina vivió la partida masiva de profesionales sin lugar para desarrollar su actividad en el país: «Eso ya ocurrió y no queremos que se repita. El gobierno de Alberto Fernández intentó repatriarlos, pero lo logró en un porcentaje muy bajo”.
“Para Lima y Zárate, Atucha es mucho más que un gran empleador. Representa nuestra identidad, tiene un alto valor emocional porque crecimos con el orgullo por Atucha”, explica Morán que todavía no sabe qué poryecto tendrá que debatir desde su banca. «Es todo tan desprolijo que no sabemos cuál es la última versión del proyecto, porque circulan varios borradores a la vez».
A pesar de eso, asume su posición al respecto de los planteos generales del gobierno nacional: “Desregular la actividad nuclear puede generar conflictos internacionales, porque es una actividad siempre muy observada, muy bajo la lupa. Si efectivamente se privatiza, ¿quién garantiza que hagan las inversiones necesarias para extender el ciclo de vida de la central? ¿quién garantiza el adecuado manejo de residuos? Y. al final del ciclo, ¿quién garantiza que se hagan cargo del desmantelamiento? ¿o ese pasivo se lo van a dejar al Estado?”.
Por último, Morán recuerda que «hace poco más de un año, tuvieron que parar una turbina por un problema, se había metido un cuerpo extraño». «Era un problema inédito, ni en Francia sabían como resolverlo, pero fueron los técnicos argentinos los que idearon la solución, la ejecutaron y salió tan bine que la patentaron«.
Los representantes sindicales, a su vez, comentan que se está conformando una mesa de las empresas públicas estratégicas, como Banco Nación, Fabricaciones Militares, Tandanor y, por supuesto, Nucleoeléctrica Argentina. «Que esta experiencia nos sirva para estar más organizados», advierten mientras esperan una señal desde el Congreso de la Nación.
[FUENTE: Página 12]