El Gobierno nacional derogó este jueves la ley que obligaba a las asociaciones y empresas civiles a respetar en su órgano de administración la paridad de género, en cuanto a cumplir la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros masculinos.
Por medio de la Resolución General 13/2024 del Boletín Oficial de la Inspección General de Justicia (IGJ), el Gobierno derogó las las Resoluciones Generales IGJ Nº 34/2020, Nº 35/2020, Nº 42/2020 y Nº 12/2021, durante la administración de Alberto Fernández.
La antigua resolución sostenía que las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las sociedades anónimas «deberán incluir en su órgano de administración, y en su caso en el órgano de fiscalización, una conformación que respete la diversidad de género».
En ese sentido, se imponía «una composición de los órganos referidos para que estén integrados por la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros masculinos y que, cuando la cantidad de miembros a cubrir fuera de número impar, el órgano deberá integrarse de forma mixta, con un mínimo de un tercio de miembros femeninos».
Entre varios de los motivos para derogar el dictamen, en la resolución 34/2020 la IGJ reconocía la «atribución que la Constitución reservó al Congreso de la Nación, de ‘legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad’».
El 30 de marzo del 2022, Alberto Fernández manifestó estar «deconstruido» y alentó a construir una realidad «con perspectiva de género», instalando el ejemplo desde la «inclusión y aceptando la diversidad».
El diputado de Republicanos Unidos por CABA y promotor de la Fundación Apolo, Yamil Santoro, celebró la resolución al revertirse «la obligatoriedad de la paridad de género en los directorios de empresas, asociaciones y fundaciones privadas».
El legislador sostuvo que la antigua resolución era «ilegal, ilógica y ridícula», ya que «el género no tiene nada que ver con la idoneidad y el Estado no tiene por qué meterse con la libertad de asociación».
Cabe destacar que la fundación presentó el pedido de derogación ante la Justicia contando con una sentencia previa que «declara la inconstitucionalidad de la paridad de género vigente».
