Sobre los criterios a partir de los cuales se establecieron las prioridades, fuentes del gobierno aseguraron que «hicimos un análisis de la urgencia de las obras con contrato vigente y no pusimos ninguna obra que todavía no esté adjudicada ni contratada, entonces nos concentramos en acomodar primero el desastre que había en materia de obra pública”.
Anticiparon además que en los próximos meses se analizará el caso de otras obras que son estratégicas también para la Nación. Se trata de emprendimientos que no serán transferidos a otra jurisdicción ni serán rescindidos. Son obras que para el Gobierno Nacional tienen “una prioridad no inmediata”.
En consecuencia, el término que utilizan los funcionarios es “neutralizar” estas obras, es decir “acordar con la empresa contratista la suspensión de todas las obligaciones, sin generar ningún tipo de gasto para las partes, y el contrato queda neutralizado en el plazo y en las obligaciones para cuando se disponga el reinicio, que puede ser, supongamos, el año que viene”.
En esta categoría se contabilizan 347 obras que involucran un monto estimado de 1.794.497 millones de pesos.
En el marco de la última Convención de la Cámara Argentina de la Construcción -CAMARCO-, el ministro Caputo señaló que “la Nación tiene que hacer obras de infraestructura importantes que sirvan al desarrollo”.
El titular del Palacio de Hacienda precisó que «recibimos 2.700 obras (públicas), de las cuales el 77% eran por convenio y obras menores, como un cordón cuneta en Santiago del Estero, un techo de una pileta en alguna otra provincia, baños en un cementerio”. Y se preguntó ¿Qué tiene que hacer Nación con esas obras? Eso no es obra. Eso es política”.
Caputo señaló que estas obras se tienen que realizar, pero “las tiene que hacer el intendente o el gobernador. A nosotros nos costaba más la fiscalización de esas obras que la obra misma”. En este sentido, la administración central transfirió más de 900 obras a las provincias.
La decisión del Poder Ejecutivo de continuar con determinadas obras se da en un contexto en que la Construcción es la rama de la economía que más sufre la recesión, en buena medida por la disminución en la inversión del sector público. Los datos de la Tesorería muestran que en mayo se registró una caída interanual de 82,8% en los gastos de capital, según la consultora ACM.
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que elabora el INDEC arroja que en abril último experimentó una caída de 20% interanual. Se calcula que se perdieron unos 100 mil puestos de trabajo.
La situación de las empresas del sector se encuentra comprometida no sólo por la retracción de la actividad, sino también por la demora en los pagos del Estado. Según sostuvo el titular de CAMARCO, Gustavo Weiss, la deuda del Ejecutivo con las compañías del sector llega a 400 mil millones de pesos.
