Cuando los incendios en la zona de islas del Delta entrerriano siguen impunes desde años, ahora los diputados de La Libertad Avanza y sus aliados presentaron un proyecto de ley para derogar las últimas reformas a la Ley de Manejo del Fuego impulsadas por el Gobierno kirchnerista.
Esta normativa fue muy cuestionada por el sector agropecuario, especialmente por establecer prohibiciones de hasta 60 años para la venta o cambio de destino de terrenos afectados por incendios, supuestamente, para evitar especulaciones inmobiliarias.
Beltrán Benedit, quien lideró la presentación del proyecto junto a otros diputados del bloque y opositores, argumentó que han pasado tres años desde la entrada en vigencia de la ley y “la realidad nos muestra que fue elaborada sobre un supuesto erróneo, cargada de contenido ideológico y prejuicios, con escaso sustento técnico y legalmente cuestionable”.
El legislador, acompañado por otros catorce diputados como el larroquense Atilio Benedetti, busca derogar la Ley 27.604, vigente desde el 24 de diciembre de 2020, que introdujo modificaciones a la Ley 26.815 de manejo del fuego y así dar vía libre a lo que se hacía antes: incendiar para vender.
Vale recordar que el presidente Javier Milei expresó su intención de modificar esta normativa durante su anuncio por cadena nacional, en diciembre pasado, al presentar el mega DNU 70.
La ley en cuestión tenía como objetivo principal prevenir los incendios y “garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas”. Pero había sido muy criticada por el campo porque indicaba que, “en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural” se prohibía, por 30 años, “cambiar el uso de esas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio”.
Además, establecía que esas prohibiciones se extendieran a 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales “a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas”.
Benedit señaló que la legislación actual no ha cumplido con sus objetivos declarados. “Estás modificaciones no pudieron evitar el incendio de millones de hectáreas, lo cual prueba que es un error suponer que los mismos son intencionales con fines inmobiliarios u otro tipo de especulaciones”, dijo el diputado. En ese sentido, en el proyecto se da como ejemplo lo ocurrido en la provincia de Corrientes en febrero de 2022 y en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, en febrero de 2024.
Remarcó que eso es “la prueba que es un error suponer que los mismos son intencionales con fines inmobiliarios u otro tipo de especulaciones”.
Incluso, consideró que la normativa desprotege los parques nacionales porque habla de prohibición de 60 años cuando la ley original del manejo del fuego los protege a perpetuidad. “La ley empeoró la situación de los que sufrieron los incendios y les prohíbe su recuperación. El cumplirla significa abandonar los campos y sacarlos de la producción”, dijo.
Además, el proyecto de ley propuesto busca eliminar las restricciones que, según Benedit, penalizan injustamente a los propietarios de tierras afectadas por incendios, tanto accidentales como provocados. Argumenta que la ley actual viola el derecho de propiedad y el principio de razonabilidad al imponer restricciones sin diferenciar las circunstancias de los incendios.
“La ley que proponemos derogar impone a todas luces una clara violación al derecho de propiedad y al principio de razonabilidad, ya que hay normas y mecanismos que protegen el ambiente sin necesidad de prohibir actividades lícitas”, manifestó.
Benedit también criticó que la ley 27.604 excede las competencias otorgadas por la Constitución Nacional al Congreso, anulando las facultades de las provincias para gestionar el uso y ocupación del territorio de manera adecuada a sus necesidades locales.
Fuente: R2820/Análisis
