El objetivo es facilitar la comunicación entre consumidores y proveedores sin costo alguno, con el fin de proteger los derechos de los primeros.
Con esta propuesta, se busca modificar la Ley vigente, destinando un porcentaje de las multas por infracciones a la financiación del Servicio de Notificación Gratuita para Consumidores y Usuarios, logrando un sistema más accesible y equitativo para todos los ciudadanos.
El diputado provincial UCR+CF Emiliano Balbín presentó un proyecto de Ley que busca establecer un servicio gratuito de envíos de telegramas y cartas documento para los usuarios y consumidores en la provincia de Buenos Aires. El objetivo es facilitar la comunicación entre consumidores y proveedores sin costo alguno, con el fin de proteger los derechos de los primeros.
El autor de la iniciativa fundamentó que “este servicio busca equiparar las condiciones entre los usuarios y las grandes empresas, brindando herramientas para que los consumidores puedan ejercer sus derechos de manera efectiva y sin trabas económicas”.
El diputado provincial UCR+CF Emiliano Balbín que presentó un proyecto de Ley que busca establecer un servicio gratuito.
Esta semana la comisión de Derechos del Usuario y el Consumidor de la Cámara de Diputados bonaerense trató el proyecto y elevó un dictamen favorable para ser tratado en el recinto en el transcurso de las próximas sesiones ordinarias del Cuerpo, que podría ser la última semana del mes de octubre.
El proyecto de Ley establece que este servicio estará disponible para cualquier usuario o asociación de consumidores debidamente registrada, permitiendo realizar notificaciones a proveedores sin cargo.
En palabras del propio Balbín, “este servicio busca equiparar las condiciones entre los usuarios y las grandes empresas, brindando herramientas para que los consumidores puedan ejercer sus derechos de manera efectiva y sin trabas económicas”.
El texto del proyecto contempla además que las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) o las autoridades locales puedan gestionar estas notificaciones si así se requiere, y que tanto empresas públicas como privadas sean responsables de facilitar estos envíos. Y se creará un fondo especial dentro del Ministerio de Justicia para garantizar el cumplimiento de la ley.
