Tras un año de aumentos exponenciales en las tarifas de los servicios públicos, el Gobierno Nacional decidió extender la emergencia energética que había declarado el 16 de diciembre de 2023. Con el presupuesto 2025 en stand by, reina la incertidumbre en todo el sector, incluyendo a los usuarios. ¿Por qué?.
El Decreto 1023/24, firmado por Javier Milei y todo su gabinete, establece que la emergencia del sector energético nacional se extenderá hasta julio de 2025. Según el plazo original era hasta el 31 de diciembre de 2024 y abarcaba los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y de transporte y distribución de gas natural.
Según se argumentó en la norma, todavía «persisten las circunstancias» que motivaron la primera declaración de la emergencia. En este sentido, «resulta indispensable y urgente» extender la iniciativa para seguir «adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos», completaron.
Esta declaración tiene tres consecuencias directas que impactan tanto en las empresas del sector como en los usuarios. Es que ambos actores dependen del Gobierno Nacional para establecer los cuadros tarifarios y el esquema de subsidios, entre otros detalles.
Los alcances de la emergencia energética
La primera consecuencia de prorrogar la emergencia es que se demora la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios tanto de luz como de gas. Vale recordar que la Nación viene impulsando desde mediados de este año el proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI), pero su implementación deberá esperar al menos hasta julio de 2025. El mismo trámite está iniciando la Provincia.
En segundo lugar, la emergencia implica mantener la intervención de los entes reguladores.Tanto el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) como el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) seguirán con autoridades provisorias designadas por el Poder Ejecutivo y sin unificarse (como pretendía hacer el gobierno libertario).
Finalmente, la prórroga también supone que se mantiene el sistema actual de subsidios para el sector. Esto también depende del presupuesto nacional del año que viene que, por ahora, está empantanado en el Congreso de la Nación.
