La Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Federación SUPEH) manifestó su preocupación ante la posibilidad de habilitar el autodespacho de combustibles en estaciones de servicio de todo el país, por decisión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El gremio que conduce Juan Carlos Crespi envió un escrito al presidente de YPF, Horacio Marín, para transmitir la intranquilidad de los trabajadores estacioneros ante las versiones que podría publicar un decreto para avanzar en la implementación de la modalidad de autoservicio de combustibles, que produciría la caída de miles de puestos de empleo en el sector.
Según la Federación SUPEH, que representa a los trabajadores de OPESSA, empresa subsidiaria que gestiona las 190 bocas de expendio de combustible de YPF, la medida «cercenaría las fuentes de trabajo de miles de compañeros«, agravando la situación de vulnerabilidad de numerosas familias que dependen de esta actividad, más allá de las indemnizaciones que se paguen, debido a la falta de oferta laboral.
«En este contexto claro está que la Federación SUPEH y todos sus sindicatos filiales, nos opondremos terminantemente a que, amparados en un modernismo sólo ideológico y para nada real, y la supuesta mejora en la rentabilidad de la empresa, se proceda a «descartar» insensiblemente trabajadores», señaló el sindicato en el escrito.
El gremio agregó que el Gobierno no consideró que el autodespacho aplicado en otros países donde funciona relativamente bien, «no tienen el descomunal índice de pobreza que padece nuestra nación» y enfatizó que la decisión solo incrementará las desigualdades y precarizará las condiciones laborales de los trabajadores.
La SUPEH remarcó que el decreto, pese a que según Stuzenneger ya sería un hecho todavía no salió publicado por lo que solicitó a YPF una postura clara sobre su proceder en este escenario porque «seguramente dependerá de cada empresa su implementación o no«.
El gremio de petroleros de YPF subrayó la importancia de proteger a los trabajadores y garantizar su acceso a condiciones de vida dignas. «Es un límite que nadie con sentido común puede siquiera imaginar traspasar», remarcó.
