El Gobierno convocará en los próximos días la convocatoria a audiencias públicas para dar a conocer a finales de febrero las condiciones preliminares de los pliegos con los que se licitará la concesión la denominada “Ruta del Mercosur”, un camino de 677 kilómetros estratégico para el comercio exterior de la Argentina y que es apuntado por los empresarios debido a su mal estado. En las consultas se darán a conocer, entre otros aspectos, cómo se estructurarán los peajes y cuáles serán las obras que deberá encarar el nuevo concesionario para mejorar la transitabilidad a lo largo de los próximos años.
La convocatoria será realizada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), bajo la órbita del Ministerio de Economía, en lo que será el paso previo para la privatización de las concesiones de más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas del país. La Resolución podría salir publicada el lunes en el Boletín Oficial. Allí se dará a conocer a la sociedad los pliegos preliminares de la licitación internacional, donde quedarán plasmadas, entre otras cosas, los nuevos peajes y los planes de obras.
Se trata de dos tramos del Corredor 18 que incluye principalmente las Rutas Nacionales 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria. Atraviesa Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, lo que acerca el comercio con Brasil, Paraguay y Uruguay. Son unos 677 kilómetros de extensión. La audiencia para las rutas está prevista para el 25 de febrero, en Gualeguaychú, y el 27 será la del puente, posiblemente en Rosario.
La convocatoria para esta etapa estaba prevista para diciembre, con fecha original para la adjudicación y toma de posesión en abril de 2025. El día 9 de ese mes vencerá el contrato de Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), empresa concesionaria desde 1990 y que demandó al Estado por incumplir con ajustes de tarifas y la renegociación del contrato desde 2009.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicó recientemente un comunicado en el que daba su acompañamiento a la Federación Económica de Corrientes (FEC) en el pedido a las autoridades nacionales de ejecutar reparaciones necesarias en esos tramos del Corredor 18. No es muy diferente a lo que se percibe en otras rutas de la Argentina.
Una vez llamada la licitación para esos 675 kilómetros, se iniciará una segunda etapa mucho más ambiciosa, que incluye la privatización de las concesiones 8.470 kilómetros de rutas y autopistas actualmente gestionados por Corredores Viales, empresa estatal que quedó sujeta a privatizaciones en la Ley Bases. A esto se suman otras rutas que hasta ahora no estaban concesionadas, como la Ruta Nacional 33 en Santa Fe, la Ruta Nacional 18 en Entre Ríos y la variante de la Ruta Nacional 19 en Córdoba. Esta etapa estará dividida en once tramos, el llamado a licitación está previsto para febrero y su adjudicación para julio de 2025.
El Gobierno licitará en total 9.145 kilómetros distribuidos en 13 tramos que representan el 20 por ciento de la red vial nacional pero concentran el 80 por ciento del tránsito. Un negocio que puede ser atractivo para muchas empresas constructoras interesadas en la posibilidad de cobrar peajes y un ahorro previsto para el Estado equivalente a USD 6.100 millones en los próximos 15 a 20 años, según estimaciones oficiales.
Al momento de adjudicar se elegirá la empresa que ofrezca la menor tarifa al usuario, pero no habrá ningún canon al Estado ni tampoco subsidios para las compañías. Sin embargo, los precios de los peajes continuarán siendo los vigentes al momento de la adjudicación hasta que se garanticen las condiciones óptimas de transitabilidad de los corredores: bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical, al igual que iluminación.
El Estado definirá una tarifa tope y un sistema de actualización trimestral, que estará especificado en los pliegos de cada licitación. Los cuadros tarifarios se indexarán según fórmulas prefijadas que contemplan diversos índices del Indec, aunque las fuentes no quisieron dar más precisiones. De todos modos, habría un período de puesta en valor de rutas y autopistas durante el primer año de la concesión y desde el segundo iniciará el cobro de tarifas.
El rol de Vialidad Nacional será clave en la supervisión de las concesiones, ya que el organismo actuará como ente de control y se encargará de auditar el estado de las rutas y de verificar que las empresas concesionarias cumplan con los objetivos de calidad y mantenimiento. A través de inspecciones regulares, se medirán parámetros como el estado de las calzadas, la señalización y otros elementos esenciales para la seguridad y transitabilidad.
