De esta manera el gobierno libertario busca cerrar la empresa estatal y entregar a manos privadas el control de más de 9 mil kilómetros de rutas que concentran el 80% del tráfico a nivel nacional.
«Autorízase el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales S.A. bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley Nº 17.520 y sus modificatorias», señala del decreto.
Según explicó Adorni la semana pasada “a partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios”.
Además dejó las puertas a una suba de los peajes que se cobran sobre esas rutas al señalar que el estado actual de los caminos se debe al atraso tarifario. “A modo de repaso, en el comienzo de la gestión, el 45% de la totalidad de la traza que operaba Corredores Viales estaba en un estado malo o crítico, los contratos de obra estaban paralizados”, detalló Adorni.
Por ello, entre los considerandos de la medida, el Gobierno advirtió que “considera prioritaria la construcción de obras de infraestructura vial y la consolidación de la red de caminos, rutas, autopistas y accesos con el objeto de asegurar la conexión de las distintas regiones del país de manera segura y previsible, para lo cual se precisa la participación del sector privado”.
Corredores Viales es una de las compañías estatales que quedaron sujetas a privatización en el Artículo 7 de la Ley de Bases junto a Intercargo SAU, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística S.A, entre otras.
