El Colegio de Abogados de Zárate Campana rechaza la reciente decisión del Poder Ejecutivo Nacional de designar por decreto en comisión a dos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin el acuerdo del Senado. Esta medida constituye un grave avance sobre las facultades del Poder Legislativo y una seria afectación a la independencia del Poder Judicial, pilares fundamentales del sistema republicano de gobierno.
La designación realizada mediante el Decreto 137/2025 se aparta del procedimiento expresamente establecido en la Constitución Nacional. El artículo 99, inciso 4, establece que el Presidente de la Nación necesita el acuerdo del Senado, con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, para nombrar a los jueces de la Corte Suprema. Asimismo, el inciso 14 del mismo artículo dispone que el Ejecutivo sólo puede realizar nombramientos en comisión durante el receso del Senado, debiendo someterlos a su consideración en la próxima sesión legislativa. Este mecanismo excepcional no puede utilizarse de manera arbitraria ni para eludir el procedimiento constitucional ordinario.
Además, preocupa que este procedimiento ignore el proceso de evaluación pública de los candidatos establecido en el Decreto 222/03, en el cual se han expresado diversas objeciones respecto de la idoneidad e independencia de los postulantes. Asimismo, advertimos que esta designación refuerza una histórica desigualdad en la composición del tribunal, al omitir el deber constitucional y convencional de promover la igualdad de género en los más altos cargos judiciales.
La estabilidad y legitimidad del sistema de justicia dependen del respeto irrestricto a las normas constitucionales y del cumplimiento de los mecanismos de designación previstos en nuestra Carta Magna. Eludir este procedimiento afecta la credibilidad de la Corte Suprema y la seguridad jurídica del país, exponiendo a los magistrados designados a una situación de transitoriedad e incertidumbre que compromete su independencia.
El Colegio de Abogados de Zárate Campana reitera su compromiso con la defensa del estado de derecho y la división de poderes, y exhorta a que se respeten los procedimientos constitucionales en la designación de los integrantes del Máximo Tribunal, garantizando la transparencia, la legalidad y el debido proceso institucional.
