El gobierno de Javier Milei avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. La propuesta establece que el Estado conserve el 51% del control, mientras que entre un 44 y 49% pasaría a manos privadas y un 5% quedaría en manos de los trabajadores. La valuación del paquete oscila entre 560 y 1.000 millones de dólares.
Los argumentos oficiales apuntan a la necesidad de modernizar la gestión y atraer capital privado para proyectos pendientes, en un contexto de ajuste fiscal. Sin embargo, los gremios nucleares advierten que la medida pone en riesgo la soberanía energética y el empleo calificado, mientras ex directores alertan sobre la posibilidad de “negocios a medida” de privados cercanos al poder.
La operación abre interrogantes clave: ¿quiénes serán los compradores?, ¿qué capacidad de decisión tendrán sobre el manejo de las centrales?, ¿cómo se garantizarán los estándares de seguridad? El debate público ya muestra posiciones enfrentadas: para algunos se trata de una oportunidad de inversión, para otros de una pérdida estratégica irreparable.
En paralelo, la política nacional ofrece un antecedente: en las últimas semanas, el Congreso logró revertir varios vetos presidenciales, entre ellos la Ley de ATN y el financiamiento universitario. Aunque aún no hay confirmación de que la privatización de NA-SA se trate en el Senado, la oposición confía en que podría articularse una mayoría para frenar o modificar la iniciativa.
El futuro de Nucleoeléctrica está abierto. La pulseada no solo se jugará en el terreno económico, sino también en el Congreso, la calle y la opinión pública, donde se dirimirá si la energía nuclear seguirá siendo un emblema de soberanía nacional o si pasará a depender de la lógica del mercado.
