La diputada Agustina Propato y Florencia Carignano presentaron un proyecto de ley que busca derogar el artículo 4 del decreto 37/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, el cual modifica el Régimen de la Seguridad Portuaria y elimina la obligatoriedad de contratar serenos en los buques.
Esta iniciativa legislativa apunta a frenar la creciente desregulación en el sector marítimo, fluvial y lacustre, y advierte sobre las graves implicancias que esta situación podría tener para la seguridad nacional y el empleo en un área estratégica para Argentina.
El decreto 37/2025, que reemplaza normativas previas, responde a una política de desregulación iniciada en 2023, que según los impulsores del proyecto, afecta directamente la seguridad en los puertos, la integridad de las embarcaciones y la prevención de delitos como contrabando, narcotráfico y trata de personas.
La eliminación de la obligatoriedad de contar con serenos en los buques —personal clave para la vigilancia y detección de irregularidades— no solo pone en riesgo puestos laborales, sino también la soberanía y defensa nacional.
Diversos sectores, incluyendo expertos y sindicatos, han expresado preocupación ante estas políticas, argumentando que profundizan la crisis del sector y aumentan los riesgos en una industria que requiere regulación y protección.
El proyecto busca restablecer la obligatoriedad de los serenos en los buques y fortalecer los mecanismos de control y vigilancia portuaria, con el objetivo de proteger la seguridad nacional y los derechos laborales.
La discusión legislativa que se aproxima será fundamental para definir el rumbo del sector marítimo argentino y su impacto en la soberanía y la seguridad del país. La pregunta clave es si el gobierno nacional priorizará la seguridad y el empleo por encima de la desregulación que hoy preocupa a diversos actores.
