El Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana, encabezado por su secretario general Oscar Casco, ratificó esta tarde las denuncias ya presentadas y anunció la apertura de un nuevo expediente ante el Ministerio de Trabajo, a raíz del despido total del personal de la planta Archroma y el cierre definitivo de la planta Clariant.
En total, se trata de 67 trabajadores afectados: 25 en Archroma y otros 42 que perdieron sus puestos tras el cierre de Clariant. Desde el sindicato se solicitó la urgente intervención del Ministerio, que ya inició el trámite correspondiente y anticipó que podría convocarse una audiencia la semana próxima para abordar el conflicto.
Casco explicó que durante la madrugada de este jueves, representantes legales de Archroma informaron que la empresa no se presentaría a la audiencia pautada, justificando la decisión en la rescisión del contrato de provisión de servicios con Clariant. Según detalló, Clariant debía garantizar el funcionamiento de la planta durante al menos dos meses a través del abastecimiento de vapor, energía y agua, pero ese acuerdo no se cumplió, y Archroma decidió unilateralmente despedir a todo su personal e impedirles el ingreso.
El sindicato, que representa a los trabajadores de ambas plantas, exige la reincorporación inmediata del personal despedido y la reactivación de las instalaciones. Además, advierte sobre los riesgos ambientales que implica dejar a la deriva dos plantas químicas, una de ellas con planta de tratamiento incluida, sin controles ni supervisión técnica. “Hoy tenemos productos químicos sin control, con un posible impacto ambiental del que alguien deberá hacerse cargo”, remarcó Casco.
Desde la organización sindical señalaron también que este conflicto se da en un contexto más amplio de crisis en el sector químico, con varias empresas en la región que atraviesan procesos de reducción de personal, cierres parciales o abandono total del país. En este escenario, se insistió en la necesidad de que el Estado intervenga con firmeza para resguardar las fuentes de trabajo, exigir a las empresas que cumplan con sus compromisos y garantizar condiciones mínimas de seguridad laboral y ambiental.
