El proceso licitatorio por los servicios de limpieza en la Central Nuclear de Atucha se encuentra virtualmente paralizado. Las objeciones parten de un funcionario que en 2023 avaló contratos con incrementos superiores al 300%.
Un proceso licitatorio estratégico para la contratación de servicios de limpieza en la Central Nuclear de Atucha quedó envuelto en una fuerte controversia interna y se encuentra, por estas horas, prácticamente frenado. El motivo es tan delicado como contradictorio: el funcionario que hoy denuncia “precios excesivos” en las ofertas presentadas es el mismo que, apenas dos años atrás, avaló adjudicaciones con sobreprecios superiores al 300%.
Según documentación a la que tuvo acceso este medio, el cuestionamiento parte de Juan Pablo Nolasco, actual Gerente de Operaciones de la Central Nuclear de Atucha, quien sostiene que los valores ofertados en el proceso licitatorio vigente no resultan razonables desde el punto de vista económico. Ese argumento es el que hoy se utiliza para justificar la falta de avance del procedimiento e, incluso, la eventual declaración de desierto del llamado.
Sin embargo, los antecedentes generan fuertes dudas. En 2023, las mismas empresas que continúan prestando el servicio fueron adjudicadas en base a un informe técnico-económico elaborado y avalado por el propio Nolasco, en el que se convalidaron valores que representaban un incremento del 316% respecto de precios de referencia y antecedentes comparables. En aquella oportunidad, no quedaron asentados fundamentos técnicos sólidos que explicaran semejante desvío.
Sospechas por la continuidad de contratos con sobreprecios
El eventual fracaso del proceso licitatorio actual tendría una consecuencia directa: la continuidad de los contratos vigentes, arrastrados desde gestiones anteriores y señalados por sus elevados costos. En ese contexto, distintas fuentes advierten que la evaluación económica podría estar siendo utilizada como una herramienta para direccionar el resultado del proceso y evitar el ingreso de nuevos competidores.
“No se trata de una diferencia de criterio técnico. Es una contradicción objetiva”, señaló a Impacto Local una fuente con conocimiento directo del expediente. “Si hoy los precios son excesivos, entonces lo eran mucho más en 2023. Y, sin embargo, en aquel momento no solo no se objetaron, sino que se avalaron expresamente”.
El foco de preocupación entre auditores internos no se limita únicamente al impacto económico, sino también al trato desigual entre oferentes y a la posible vulneración de los principios de transparencia, concurrencia y razonabilidad que deben regir toda contratación pública. La reiteración de decisiones que terminan beneficiando a los actuales prestadores, sumada al antecedente de sobreprecios de magnitud, alimenta sospechas que exceden lo meramente administrativo.
Disputa interna y revisión de prácticas históricas
Por estas horas, se busca determinar si las irregularidades responden a errores de evaluación, negligencia grave o algo más. La documentación existente ya habría motivado pedidos de revisión integral de las actuaciones en las que intervino el funcionario, así como la posible intervención de organismos de control e instancias de integridad.
El caso se da en medio de una fuerte disputa interna dentro de la empresa. La nueva gestión encabezada por Demian Reidel impulsa una revisión profunda de la denominada “casta nuclear”, integrada por gerentes y exgerentes con más de 25 años en la estructura: Juan Pablo Nolasco, Diego Garde, Martín Reina, entre otros. Se trata de funcionarios con fuerte poder interno, sueldos elevados y resistencia a auditorías, cambios estructurales y a la revisión de prácticas heredadas de gestiones anteriores.
