La senadora Patricia Bullrich presentó el pasado martes 10 de febrero la versión definitiva del proyecto de reforma laboral que comenzó a debatirse en el Senado de la Nación. El texto, que incorpora modificaciones negociadas con bloques dialoguistas, forma parte de la agenda central del Gobierno nacional para este período extraordinario.
Según explicó el oficialismo, la iniciativa busca “modernizar” el régimen laboral vigente, con cambios en el sistema de indemnizaciones, límites a la judicialización de conflictos, nuevas modalidades de contratación y precisiones sobre qué conceptos integran el salario. También apunta a modificar mecanismos de fondo de cese laboral y simplificar procesos administrativos vinculados a las relaciones de trabajo.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma permitirá reducir la litigiosidad, incentivar la formalización del empleo y generar mayor previsibilidad para empleadores y trabajadores. El oficialismo aseguró contar con respaldo suficiente para avanzar en el tratamiento legislativo.
En contraposición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof expresó el rechazo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La administración provincial presentó un informe técnico-político en el que cuestiona la iniciativa por considerar que implica una reducción de derechos laborales, posibles efectos regresivos sobre la negociación colectiva y un eventual impacto negativo en la seguridad social.
Desde la Provincia señalaron que la reforma no garantiza la creación de empleo genuino y advirtieron sobre riesgos de precarización laboral. Además, acompañaron las expresiones sindicales que se manifestaron frente al Congreso durante el debate parlamentario.
El tratamiento del proyecto se desarrolla en un contexto de alta tensión política y social, con posiciones claramente enfrentadas entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense respecto del alcance y las consecuencias de la reforma.
