Los movimientos sociales oficialistas le doblaron el brazo a Cristina Fernández de Kirchner, o al menos parecen haberla ganado una partida. El Gobierno no solo auditará el programa Potenciar Trabajo, que ellos administran a través de las Unidades de Gestión (UG), como cooperativas, sino que también se controlará a los municipios, gobernaciones, organizaciones no gubernamentales e iglesias; tal como solicitaban las organizaciones enroladas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
El Gobierno tomó esta decisión solo después de que todo el abanico de la dirigencia social saliera a denunciar una “persecución” y “estigmatización de las organizaciones populares”, y a aclarar que estaban de acuerdo con la auditoría, pero si se realizaba “sobre todo el universo de las Unidades de Gestión”, no solo sobre las cooperativas de las organizaciones populares (como pidió CFK).
La auditoría debió comenzar el 15 de agosto. Pero recién el miércoles arrancó la capacitación de los futuros encuestadores que deberían estar acompañados de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y dirigentes sociales.
La tarea demandará unos 12 meses, es decir que finalizaría durante las próximas PASO que definirán a los candidatos para la elección presidencial.
