El uso de celulares para personas alojadas en unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires volvió a ser tema de agenda de la oposición tras el pedido de informe que realizó la diputada provincial de Juntos por la UCR, Nazarena Mesías.
A través de esa solicitud, la legisladora busca que el gobierno bonaerense explique sobre el protocolo que permitió —producto de la pandemia y la suspensión de las visitas a internos— el uso de teléfonos móviles por parte de internos de las cárceles del territorio.
El tema había escalado meses atrás cuando los diputados del PRO, Matías Ranzini, Alex Campbell, Juan Carrara y Johanna Panebianco presentaron un proyecto de ley para que el gobernador Axel Kicillof derogue el protocolo de uso de celulares en cárceles locales “en pos de velar por la seguridad de los bonaerenses”. Fue allí cuando desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) remarcaron a través de un comunicado que “la disposición fue llevada adelante en el ámbito penitenciario luego de una decisión del máximo tribunal penal de la Provincia que así lo dispuso”. También que “desde la regulación del uso de los celulares no solo se ha logrado disminuir la cantidad de delitos cometidos desde las unidades penales a través de dispositivos móviles, sino que la implementación del protocolo posibilitó el rápido esclarecimiento de ese tipo de ilícitos y la pronta imposición de la sanción correspondiente”.
Ahora, la diputada Mesías pide tener detalles sobre la instancia en la que se encuentra la aplicación de dicho protocolo que permite el uso de teléfonos móviles para internos. Según remarcó el SPB, los dispositivos tienen restringido el uso de redes sociales, a excepción de WhatsApp.
La legisladora busca saber “si al día de la fecha, pese a haber finalizado hace prácticamente un año las medidas dispuestas por el DNU 297/20 y sus prórrogas, continúa en vigencia el beneficio otorgado por dicho protocolo”; es decir si los internos siguen utilizando celulares.
También, saber cuántos celulares registrados hay para ser usados por internos en unidades penitenciarias y alcaldías. Además, cuántos fueron denunciados por ser vinculados a estafas o delitos informáticos desde el interior de los establecimientos “durante el período 2020, 2021, 2022″.
Finalmente, la diputada apunta conocer cuáles son las medidas de seguridad para la requisa de visita “con el fin de detectar el ingreso ilegal o clandestino de dispositivos móviles o tarjetas SIM”. Y, a su vez, saber con qué medios tecnológicos cuenta el SPB a la hora de las requisas de rutina.
En los fundamento de su texto, Mesías advierte que en numerosas ocasiones los delitos “son perpetrados desde el interior de las unidades penitenciarias, mediante la utilización de dispositivos móviles”. Señala, además, que se “aprecia a ‘prima-facie’ un uso abusivo de los beneficios otorgados”.
