Organismos de derechos humanos difundieron un comunicado en el que se pronuncian contra la adquisición de pistolas Taser por parte del Gobierno nacional ya que, denunciaron, se trata de «instrumentos de tortura que afectan el derecho a la vida y a la integridad física». En el escrito, pidieron a las autoridades que den marcha atrás con la decisión y que prohíban el uso de estas armas en todo el país.
«En las últimas horas conocimos la información, confirmada por el mismo ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, sobre la decisión del gobierno nacional de adquirir armas Taser, lo que se suma a la compra ya hecha por la entonces ministra Patricia Bullrich, y al insistente intento de la Ciudad de Buenos Aires, primero con Macri y ahora con Larreta, para obtenerlas y utilizarlas», comienza el comunicado.
Respecto a la adquisición de este tipo de armas, aclararon, «somos categóricos, gobierne quien gobierne: las pistolas Taser violan derechos humanos consagrados en nuestra Constitución«.
Con la decisión del gobierno nacional, advirtieron los organismos en un duro mensaje al oficialismo, «se está institucionalizando la tortura en nuestro país», ya que se trata de dispositivos «que afectan el derecho a la vida y a la integridad física» y «su uso contraviene la obligación estatal de prevenir y erradicar la tortura, asumida por el Estado en tratados internacionales».
El Comité contra la Tortura de la ONU, recordaron los organismos, han calificado a este tipo de armas como «instrumentos de tortura» debido al «dolor que provocan, llegando en algunos casos a producir la muerte». Amnistía Internacional, en tanto, las describió como «armas letales»: «en un informe del año 2012, la organización ya registraba que sólo en EE.UU. se habían registrado 500 muertes por su uso», dice el comunicado.
«Con profunda preocupación por esta decisión de adquirir picanas portátiles, exigimos al gobierno nacional que retrotraiga la medida tomada y se prohíba su uso en la Argentina«, solicitaron los organismos, que según informaron ya llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«Estas armas Taser en un país en el que la picana fue utilizada de manera sistemática como elemento de tortura durante la dictadura genocida, implica una regresión inadmisible en materia de memoria y no repetición de estos crímenes. Nunca más tortura en Argentina. No a las neopicanas Taser», concluye el documento.
Firman el comunicado las siguientes organizaciones: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- La Matanza y Asociación Buena Memoria.
El escrito también está firmado por la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los derechos humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires.
La compra de las pistolas Taser
La semana pasada, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, informó que el Gobierno nacional compró cien pistolas Taser que serán destinadas a grupos especiales de las fuerzas federales del país, en el marco de un proceso que se inició el año pasado.
La compra se materializó por contratación directa con una empresa que tomó en parte de pago un lote de ese tipo de armas electrónicas que había sido adquirido en el 2019 por la entonces ministra Patricia Bullrich y que había quedado en desuso por tratarse de pistolas de un solo cartucho, que no cuentan con emisión de advertencia ni cámaras incorporadas.
Estas pistolas serán destinadas a los grupos especializados de cada fuerza federal, como el Albatros de Prefectura, el Alacrán de Gendarmería, los Grupos Tácticos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las Unidades tácticas de Intervención Federal y el GEOF de la Policía Federal Argentina.
Para el uso de estas armas, los agentes deben cumplir con el «protocolo de Actuación para la utilización de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea (D.E.I.M.) de baja letalidad», vigente desde la gestión de la antecesora de Aníbal Fernández, Sabina Frederic.
