Una agente fiscal del Departamento Judicial Zárate-Campana, fue agredida el miércoles por familiares de una mujer imputada en un choque que terminó con la muerte de un joven.
La víctima es la Fiscal Ana Laura Brizuela y tanto ella como su secretario fueron escoltados por agentes policiales. Los manifestantes la increparon verbalmente con insultos y al grito de “Hacé las cosas como corresponden”.
La familia de Agustín Ramírez de 18 años se manifestó en la puerta de la UFI N° 2 de Bv. Sarmiento y 9 de Julio en reclamo de justicia por el joven. Ayer le tomaron declaración al conductor del automóvil y a la tía de Agustín quien también sufrió heridas de consideración en el hecho.
Durante la indagatoria hubo incidentes en las afueras de la fiscalía, luego de un altercado de familiares del joven fallecido con la fiscal de la causa a quién reclamaban por no dictar la detención del conductor del automóvil involucrado en el momento del hecho.
Durante el altercado, una joven de 19 años habría agredido con golpes a la fiscal, por lo que fue demorada y trasladada por persona policial.
Ante esta situación, Ana Brizuela pidió al Fiscal general excusarse de la causa y en los próximos días se dará intervención a otro fiscal.
En este marco, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial die la Provincia expresó su “máxima preocupación y repudio” ante la agresión física sufrida este miércoles por una agente fiscal del Departamento Judicial Zárate-Campana y por una agente de policía en funciones.
El joven de 18 años Agustín Ramírez murió en marzo del 2022 cuando iba a la escuela con su tía y la moto en la que circulaba fue embestida en ruta 6, a la altura del barrio Santa Lucía, por un Mercedes Benz conducido por Ezequiel Girard oriundo de Zárate quien sigue en libertad.
COMUNICADO DEL COLEGIO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL BONAERENSE:
“La violencia no tiene justificaciones ni excusas, pero este caso resulta particularmente inexplicable e insidioso toda vez que la fiscal ha adoptado todas las medidas a su disposición, con el máximo de los resultados posibles en este punto del trámite”, reza un parte del comunicado.
Y acto seguido, se aclara que “están imputadas las personas presuntamente responsables, se han hecho las pericias para esclarecer lo sucedido y la convocatoria en el marco de la cual sucedieron las agresiones eran para la toma de declaraciones testimoniales”.
La entidad que nuclea a los jueces, fiscales y defensores provinciales añadió que “resulta imprescindible el esclarecimiento de todas las responsabilidades directas e indirectas que condujeron a esta agresión”.
Finalmente, reflexionaron con un llamado a “asumir con responsabilidad la promesa constitucional de vivir en una sociedad pacífica en la que siempre prevalecerán los derechos inalienables de todos/as sus habitantes, incluyendo a las/os funcionarias/os judicial es y policiales”.
Repudio de los fiscales
La Asociación Argentina de Fiscales (AAF) expresó “su máximo repudio por la agresión violenta sufrida” por Brizuela y destacó que esto “expone dos graves problemas que enfrentan a diario los fiscales de Buenos Aires”.
Primero, remarcaron la “falta de seguridad”, tanto personal como en los edificios; la “inexistencia de protocolos” en las dependencias como en los traslados; y la ausencia de “regulación administrativa sobre restricciones de acceso y circulación a personas no autorizadas, a lo que se suma la inexistencia de dispositivos electrónicos destinados a la detección de riesgos”.
Luego, remarcaron la “falta de ética por parte de abogados (que de ninguna manera es una generalización extensiva a la totalidad del cuerpo profesional, pero que se verifica en franco aumento) que valiéndose de mentiras, a veces generando presiones sociales a través de los medios de comunicación, provocan un grave daño sobre la percepción sobre la justicia, y en definitiva pretenden resolver las cuestiones judiciales en el terreno de lo económico, lo mediático, lo emocional para influenciar en las decisiones de fiscales y jueces, o bien para explicar los resultados de una gestión adversa”.Tras solidarizarse con la fiscal, recordaron al “Estado provincial que la obligación de dispensar seguridad al cuerpo de fiscales es de carácter convencional y que su incumplimiento es susceptible de responsabilidad del Estado Nacional”.
En sintonía, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) también repudió la golpiza a la fiscal “de intachable trayectoria”, que “actuó con el máximo de rigor en la causa de un homicidio culposo provocado por un accidente de tránsito”.
