La diputada Micaela Morán presentó un proyecto por el que le exige al Gobierno la adecuación del presupuesto a la Dirección Nacional de Vialidad. También presentó datos de informes gubernamentales vinculados a siniestros y muertes.
La diputada nacional Micaela Morán (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo Nacional declare la emergencia vial por el plazo de 24 meses. Entre los fundamentos, señaló que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) le solicitó al Gobierno nacional un presupuesto 730 mil millones de pesos, pero debido a la prórroga de la “ley de leyes” sancionada para 2023 se le giró un monto de 475 mil millones.
Asimismo, solicita que la DNV lleve a cabo un relevamiento “urgente” del estado de las rutas nacionales para establecer prioridades de un potencial plan de inversión en todo el territorio. Allí, destacó como estructurales, en ese plan a: Los tramos esenciales para promover la seguridad vial y tutelar el derecho a la vida y salud de las personas; a los tramos de alta transpirabilidad vehicular; a los tamos nodales para el tránsito de producción, comercio y turismo; y a los de interconexión provincial y regional.
En el texto, Morán mencionó a un informe del Ministerio de Obras Públicas del 2021 por el que se detalla que solo un “31% (de las rutas del país) está en buen estado, un 27,6% en estado regular y un 40,7% en mal estado”. “Desde entonces todo empeoró”, aseveró, y añadió otro informe de la Dirección Nacional de Observatorio Vial por el que explicó que “la siniestralidad en la Argentina se lleva 6 vidas por día en las rutas”.
Tal como lo nombra en la iniciativa, este proyecto se suma a los presentados por el diputado radical Julio Cobos, por el estado de la Ruta 7; al de la senadora chubutense Andrea Cristina, referido a las rutas 3, 26 y 40; y al de la salteña Nora del Valle Giménez vinculado al trazado de la Red Vial Nacional de su provincia.
En el final del texto, faculta al Poder Ejecutivo de firmar convenios con los gobiernos provinciales a los efectos de agilizar los procesos de contratación de obras, de operación y mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan sus territorios. Para cerrar, exige al Gobierno nacional a adecuar el presupuesto a la DNV.
