La diputada nacional Agustina Propato de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados que requiere al Poder Ejecutivo que brinde información detallada sobre los acuerdos de seguridad suscritos entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su contraparte estadounidense.
Entre los solicitados, Propato exige conocer:
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Las condiciones específicas del memorándum de entendimiento, su alcance y vigencia.
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Si se estableció un intercambio de información sobre ciberseguridad, inteligencia u otras áreas estratégicas.
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Los mecanismos de supervisión y autorización parlamentaria que respaldan el convenio.
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Si se contempló la participación de agencias federales argentinas y bajo qué normativa operan.
La legisladora remarca que cualquier tipo de cooperación en materia de defensa o seguridad requiere un control legislativo adecuado y debe alinearse con la Constitución Nacional. Por eso, señala la necesidad de transparencia, dado el impacto en la soberanía del país.
En su proyecto, Propato destaca que el Congreso es la institución encargada de autorizar acuerdos que afecten la integridad territorial, la circulación de fuerzas extranjeras y la gestión de información sensible. También cuestiona que, a la fecha, no se han difundido los documentos firmados, ni se ha convocado a debate público o parlamentario.
“Queremos saber qué acuerdos se firmaron, con qué alcance y bajo qué compromisos. La soberanía nacional no admite contratación opaca ni exenta de control parlamentario”, afirmó Propato.
El proyecto presenta un listado de puntos para que el Ejecutivo informe a la Cámara en un plazo perentorio. Entre ellos:
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Copia del texto original del memorándum firmado.
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Listado de las autoridades implicadas en la negociación.
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Cronograma de trabajo previsto para la cooperación.
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Destino de recursos financieros o técnicos involucrados.
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Condiciones del acceso de personal argentino o fuerzas extranjeras en territorio nacional.
Propato concluye que preservar la seguridad nacional implica conocimiento público, debate institucional y cumplimiento de los procedimientos constitucionales que garantizan la legítima representación democrática del pueblo argentino.
