La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Agustina Propato, presentó un pedido de informes en el Congreso tras el anuncio del Gobierno de avanzar con un decreto que habilitaría la privatización del 49% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I y II en Lima, partido de Zárate, y Embalse en Córdoba.
El decreto establece que el 44% de las acciones se vendería en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que el 5% se destinaría a un Programa de Propiedad Participada para los trabajadores, quedando el 51% restante en manos del Estado nacional. Actualmente, el Ministerio de Economía posee el 79% de la compañía, la Comisión Nacional de Energía Atómica el 20% y ENARSA el 1%. Antes de la venta, el Gobierno prevé obligar a CNEA y ENARSA a transferir sus acciones a la Secretaría de Energía, concentrando así el control accionario en el Palacio de Hacienda.
Lo que diferencia a NA-SA de otras empresas estatales es que no genera pérdidas. En el primer trimestre de 2025 declaró ganancias por $17.234 millones y con sus tres centrales aporta 1.763 MW de potencia instalada, lo que equivale al 7,35% de la energía consumida en el país, con altos niveles de estabilidad y confiabilidad. En este contexto, Propato cuestionó: “¿Por qué privatizar una compañía estratégica y rentable?”.
El pedido de informes ingresado en Diputados exige respuestas sobre 21 puntos: desde los fundamentos económicos y legales de la operación hasta posibles conflictos de interés del titular de la Sindicatura General de la Nación, Alejandro Fabián Díaz, exgerente de Auditoría de la propia NA-SA. También solicita detalles sobre despidos de gerentes críticos, la creación de nuevas gerencias con sueldos elevados, la evolución del personal y contrataciones directas sin concursos públicos.
Entre las principales inquietudes, el proyecto apunta al futuro del plan nuclear argentino, reclamando explicaciones por la cancelación del reactor CAREM, las centrales nucleares IV y V previstas en el Plan Estratégico 2021-2030 y el estado de obras claves como la extensión de vida de Atucha I y el almacenamiento en seco de combustible gastado. “Se está vaciando una empresa clave para la soberanía energética del país”, sostuvo Propato, al advertir que el desguace de la compañía “pone en riesgo el empleo de técnicos especializados y compromete la continuidad del programa nuclear argentino, orgullo de décadas de desarrollo científico e industrial”.
El Gobierno, por su parte, defiende la privatización como parte de su estrategia de reducción del Estado y atracción de inversiones privadas en sectores estratégicos. El presidente Javier Milei ya había anticipado que impulsaría un “nuevo programa nuclear” con participación de empresas privadas y acuerdos tecnológicos internacionales.
En el partido de Zárate, donde funcionan Atucha I y II, la discusión cobra una relevancia especial. NA-SA es uno de los principales empleadores de la zona y un actor decisivo en la vida económica y social del distrito. Su eventual privatización abre un debate que excede lo financiero y pone en juego el futuro del programa nuclear argentino y la soberanía energética del país.
