La diputada provincial Soledad Alonso advirtió que la eliminación de la movilidad automática de las asignaciones familiares y universales, incluida en el proyecto de Presupuesto 2026 del gobierno nacional, constituye “un retroceso en materia de seguridad social”.
En el proyecto de declaración (D-2555) presentado en la Cámara de Diputados bonaerense, Alonso sostuvo que la iniciativa del Ejecutivo nacional “profundiza la desigualdad, la exclusión y la pobreza en la Argentina”.
Lo que propone el Presupuesto 2026
El texto enviado por el presidente Javier Milei al Congreso establece, en su artículo 73, la derogación de los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 27.160, que garantizan la movilidad automática de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH).
De aprobarse, prestaciones como la Asignación por Embarazo, Maternidad, Prenatal, Nacimiento y Adopción, la Ayuda Escolar Anual y la Asignación Familiar por Matrimonio y Cónyuge quedarían sujetas a incrementos discrecionales del Poder Ejecutivo, perdiendo el mecanismo automático de actualización.
El impacto en la niñez y la juventud
Según datos de la Seguridad Social, en mayo de 2025 la AUH alcanzó a 4,1 millones de titulares, mientras que la Asignación Familiar por hijo e hijo con discapacidad llegó a 4,5 millones.
“Si se aprueba el presupuesto tal como está, las asignaciones ya no se actualizarán automáticamente con el índice de las jubilaciones, sino que quedarán supeditadas a la discrecionalidad del gobierno nacional, que como ya sabemos, no tiene problema con que el ajuste lo paguen los sectores más vulnerables”, afirmó Alonso.
Informes de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señalan que el ajuste ya se profundizó en este sector: en la primera mitad de 2025, los 38 programas destinados a niñez y juventud sufrieron una reducción del 17% respecto al mismo semestre de 2023 y del 36% en comparación con 2022. Para el próximo año, se proyecta una caída del 20% en relación con 2023.
Los recortes impactan en áreas clave como el Plan ENIA (prevención del embarazo adolescente), la Educación Sexual Integral (ESI) y las Becas Progresar, que pierden financiamiento esencial para su continuidad.
“Hablar claro”
“Mientras el gobierno insiste en que el ‘equilibrio fiscal no se negocia’, son los trabajadores, jubilados y familias con hijos quienes terminan pagando el ajuste. Esto también se pone en juego en las elecciones de octubre: necesitamos tener más representantes en el Congreso Nacional que puedan dar estas discusiones y defender los derechos ya conquistados. Es fundamental hablar claro: si este presupuesto se aprueba así, se verán afectadas miles de personas que hoy reciben distintas asignaciones”, concluyó la legisladora.
