Uno de cada cuatro estudiantes del nivel secundario falta más de 45 días por año y en la escuela primaria el promedio de inasistencias supera los 36 días por estudiante. El ausentismo ya no distingue edades: cuando la ausencia se vuelve masiva, el problema no es la escuela ni las familias, sino un Estado que se retira, mide la ausencia y administra el abandono.
El ausentismo estudiantil dejó de ser una señal de alarma para convertirse en una constante estructural del sistema educativo. Ya no aparece como excepción ni como desvío corregible: se repite, se acumula y se naturaliza. En la provincia de Buenos Aires, el 23,6 % de los estudiantes del nivel secundario estatal acumuló más de 45 inasistencias en un solo ciclo lectivo, es decir, faltó a más de un cuarto del calendario escolar. Además, el 36,9 % de la matrícula faltó más de 28 días, cifra que asciende al 43,6 % en las escuelas públicas, casi el triple que en el sector privado.
Cuando la ausencia se vuelve masiva, deja de ser un problema individual. Se vuelve político.
El promedio anual de inasistencias también desarma cualquier lectura ingenua. En el sistema estatal bonaerense, cada estudiante de secundaria registró 35,8 faltas promedio, muy por encima del promedio general y a enorme distancia del sector privado. El ausentismo, además, aumenta con la edad y se intensifica entre primero y cuarto año, justo en el tramo donde el sistema debería construir mayor acompañamiento. No hay azar. Hay causalidad social. Y hay una decisión reiterada: administrar la desigualdad en lugar de revertirla.
Porque no se trata solo de cuántos días se falta, sino de qué tipo de Estado produce trayectorias educativas imposibles de sostener. El ausentismo no es una conducta aislada: es la expresión visible de una retirada prolongada de las políticas públicas que deberían garantizar condiciones mínimas de vida, ingresos, cuidado y escolaridad. Allí donde el Estado se ausenta, la escuela queda sola intentando sostener lo que ya no puede sostenerse.
El propio sistema reconoce que la inasistencia está directamente asociada a trayectorias frágiles. Los estudiantes con dos o más años de sobreedad presentan niveles de ausentismo significativamente más altos, confirmando que la discontinuidad no es un evento puntual, sino un proceso acumulativo. Sin embargo, el discurso oficial insiste en una lectura cómoda: se habla de compromiso, de hábitos, de responsabilidad familiar. Se corre el foco hacia abajo para evitar mirar hacia arriba.
La trampa más eficaz de ese discurso es presentar el ausentismo como un problema exclusivo de la secundaria. Como si apareciera de golpe en la adolescencia. Como si antes no existiera. Pero los datos disponibles muestran otra cosa: el ausentismo empieza mucho antes.
En la provincia de Buenos Aires, el promedio de inasistencias en el nivel primario supera los 36 días por estudiante al año, es decir, una porción significativa del calendario escolar. A nivel nacional, además, más de 700.000 alumnos de primaria en distintas jurisdicciones no alcanzan el mínimo de horas de clase que fijan las normativas vigentes, lo que configura una forma de ausentismo estructural que el propio Estado tolera y naturaliza.
Esto no es un vacío estadístico. Es una decisión.
Que no existan informes públicos, consolidados y comparables sobre ausentismo en primaria no es una falla técnica. Es una decisión política. Solo una parte de las provincias cuenta con sistemas nominales completos que permitan seguir la asistencia de los estudiantes a lo largo del tiempo. No medir también es una forma de intervenir. O, mejor dicho, de no intervenir. Porque sin información robusta no hay diagnóstico integral, y sin diagnóstico integral no hay política pública preventiva.
La escuela primaria, idealizada como espacio de asistencia garantizada, también convive con trayectorias fragmentadas, ausencias reiteradas y aprendizajes interrumpidos. La diferencia es que allí el sistema todavía logra disimularlo. En la secundaria, en cambio, el problema estalla. Pero no nace ahí: llega acumulado, normalizado y legitimado por años de omisión estatal.
El impacto del ausentismo no es neutro. Al cierre del ciclo lectivo, solo la mitad de los estudiantes del nivel secundario logra aprobar todas las materias, mientras que casi un tercio queda con entre una y cuatro asignaturas pendientes y casi el 20 % termina el año con más de cuatro materias sin aprobar. Las materias más afectadas son aquellas que requieren continuidad pedagógica sostenida. No es casualidad. La ausencia también es pedagógica.
Frente a este escenario, las llamadas políticas de revinculación llegan tarde. Se activan cuando la trayectoria ya está dañada. Se le pide al estudiante que vuelva a una escuela que nunca logró alojarlo del todo. Y, como siempre, la responsabilidad vuelve a caer sobre las instituciones y sobre los equipos directivos, convertidos en fusibles del abandono estructural.
Se les exige garantizar presencia sin poder garantizar derechos. Sostener trayectorias sin recursos reales. Resolver ausencias que expresan pobreza persistente, precariedad laboral, trabajo infantil encubierto, tareas de cuidado tempranas y deterioro de la salud mental. Todo eso bajo la ficción de que el problema es pedagógico y se resuelve con más control.
Pero no lo es.
Es político.
El Estado prefiere leer el ausentismo como un problema de gestión escolar porque eso le permite evitar la discusión de fondo: qué modelo de sociedad está produciendo trayectorias educativas interrumpidas como norma. Prefiere contar faltas antes que garantizar condiciones para estar.
Sin eufemismos: el ausentismo estudiantil no es una falla del sistema educativo. Es su consecuencia más honesta. Es la forma cotidiana que adopta un Estado que se retira y luego exige a la escuela que compense, en soledad, ese retiro.
La escuela no puede sola.
Y exigirle que lo haga no es política educativa.
Es cinismo institucional.
Lic. Fernando Bonforti
Consultor en gestión educativa y estrategia pedagógica
Especialista en organización y planificación institucional
Director de FB Educación & Gestión
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