La Justicia nacional y federal tiene 266 cargos vacantes en proceso de cobertura
Un relevamiento difundido por la Universidad Austral señala que 159 cargos siguen en trámite en el Consejo de la Magistratura. Otros 77 se encuentran en el Poder Ejecutivo y 30 en el Senado. El constitucionalista Alfonso Santiago propone cambios para agilizar la selección de jueces y evaluar el funcionamiento de los tribunales.
La cobertura de cargos judiciales vuelve a quedar en el centro del debate sobre el funcionamiento de la Justicia. Según los datos del Mapa Dinámico de Concursos del Consejo de la Magistratura citados por la Universidad Austral, hay 266 vacantes en distintas etapas del proceso de selección y designación en el ámbito nacional y federal.
De ese total, 159 permanecen en el Consejo de la Magistratura, mientras que 77 ya pasaron al Poder Ejecutivo y otras 30 se encuentran en el Senado.
El relevamiento también registra 75 concursos en trámite dentro del Consejo. Esa cantidad no debe sumarse a las 266 vacantes, ya que un mismo concurso puede abarcar más de un cargo.
Frente a este escenario, Alfonso Santiago, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Austral, plantea cuatro ejes de reforma: mejorar los concursos, medir los resultados de los cambios procesales, evaluar periódicamente el desempeño de los magistrados y fortalecer la atención al ciudadano.
Una de las propuestas apunta a anticipar los concursos para que puedan comenzar antes de que se produzca una vacante. Santiago destaca el proyecto de nuevo Reglamento de Concursos aprobado por la Corte Suprema mediante la Acordada 4/2026 y remitido al Consejo de la Magistratura para su tratamiento.
La iniciativa contempla un legajo digital auditable, criterios tabulados para evaluar antecedentes y una evaluación técnica en dos etapas con mecanismos de anonimato. También propone limitar el peso de la entrevista personal a 20 puntos sobre un total de 200 y establecer reglas objetivas para conformar las ternas y las listas complementarias.
Para el constitucionalista, estas herramientas permitirían reducir la discrecionalidad y acortar los tiempos de cobertura de los cargos.
Otro de los ejes consiste en comprobar si las reformas procesales efectivamente agilizan los juicios. Santiago propone comparar la duración de los procesos antes y después de los cambios para identificar qué medidas dieron resultados y cuáles deberían mantenerse o extenderse.
El especialista también plantea incorporar una evaluación periódica del desempeño de los jueces. Sostiene que tribunales con recursos y reglas similares pueden presentar diferencias en eficiencia y calidad de gestión, por lo que medir esos resultados ayudaría a detectar buenas prácticas y mejorar el servicio judicial.
Por último, propone fortalecer una cultura de servicio al ciudadano y señala la próxima elección de representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura como una oportunidad para discutir estas reformas.
El planteo busca abordar tanto las demoras para cubrir las vacantes como el funcionamiento de los tribunales una vez designados sus titulares.
Nota de
Redaccion