Más actividad digital, menor presencia institucional: el vacío que persiste en el norte argentino

El norte argentino gana peso en las búsquedas de servicios sexuales pagos

Un relevamiento basado en datos de navegación de plataformas de anuncios para adultos ubica a Salta como la sexta ciudad más buscada del país, con 0,96 millones de sesiones. La cifra la sitúa por encima de aglomerados bonaerenses bastante más poblados. Al ajustar la demanda de cada plaza por la población de su provincia, el contraste se acentúa: con la Ciudad de Buenos Aires como base 100, Salta marca 72 y Tucumán 80, mientras Córdoba queda en 34 y Mendoza en 35.

El mismo relevamiento muestra otro dato significativo: en Salta, el 16,1% de las búsquedas se orienta a travestis y personas trans, frente al 10,9% en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, una de cada seis búsquedas, contra una de cada nueve. Dentro del sector, las trabajadoras trans y travestis suelen enfrentar una mayor exposición al hostigamiento policial y a la exclusión del empleo formal. Que esa demanda tenga más peso justamente en una provincia con poca infraestructura de acompañamiento no es un dato menor.

Los cambios normativos impulsados en distintas provincias

La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina nació en 1994 y se incorporó a la Central de Trabajadores de la Argentina un año después. Su hoja de servicios es concreta: consiguió derogar los edictos policiales en la Ciudad de Buenos Aires, eliminar las figuras contravencionales que criminalizaban la actividad en Entre Ríos y Santa Fe, y logró que en Santiago del Estero se reemplazara la palabra «prostitución» por «trabajo sexual».

El detalle importante es que cada una de esas conquistas es jurisdiccional. En Argentina, vender sexo entre personas adultas no constituye delito federal, pero la actividad se regula en los hechos provincia por provincia, a través de los códigos contravencionales y de faltas. Una derogación en Buenos Aires no protege a nadie en Salta. Una trabajadora que cruza un límite provincial cambia de régimen sin cambiar de oficio, y en buena parte del país esos artículos todavía habilitan a la policía a detenerla en la vía pública sin que exista delito alguno.

A eso se suma un problema de escala física. Las sedes que ofrecen asesoría legal, los consultorios amigables, las capacitaciones sobre derechos y los periodistas que cubren el tema con algo de rigor están, en su enorme mayoría, en el área metropolitana. Mil doscientos kilómetros al norte, la trabajadora que quiere denunciar un abuso policial o consultar por su situación contravencional no tiene a quién llamar en su propia ciudad.

Cuando la institución no llega, la red intenta reemplazarla

Donde no hay sindicato con sede, hay red informal. Es la respuesta más previsible y también la más frágil: grupos de mensajería entre compañeras, referencias de clientes que circulan de boca en boca, acuerdos para avisar cuándo se entra y cuándo se sale de una cita, listas negras que nadie audita. Funciona porque no hay otra cosa, no porque sea suficiente.

La comparación con Buenos Aires ayuda a dimensionar ese vacío . La experiencia de las acompañantes porteñas permite ver cómo las herramientas digitales pueden ampliar la autonomía. Pero también marca el contraste: fuera de la capital, todavía falta información básica sobre cómo se trabaja y qué recursos existen cuando algo sale mal.

De Salta, en cambio, no hay relevamientos provinciales ni nadie que sistematice cuántas son, en qué condiciones trabajan y qué les pasa cuando algo sale mal. Cualquier política pública que se diseñe para ellas se apoya en supuestos. Y esos supuestos suelen construirse desde Buenos Aires, no desde las realidades locales.

La pantalla cambió el punto de contacto, no las condiciones

La migración del circuito hacia canales digitales suele leerse como una mejora automática. Y en parte lo es: el anuncio propio permite fijar tarifas sin intermediario, filtrar consultas antes de aceptarlas y trabajar sin la exposición callejera que los códigos de faltas persiguen. Es la vía por la que muchas trabajadoras ganaron margen de decisión sobre su propia actividad.

Pero el desplazamiento tiene otra cara, y así queda planteado en el informe exploratorio sobre trabajo sexual y plataformas digitales: cambiar el lugar donde se produce el contacto no modifica por sí solo el marco legal, ni el acceso a la salud, ni la relación con la fuerza pública. El encuentro sigue ocurriendo en el territorio, con las mismas reglas contravencionales y la misma comisaría a la vuelta de la esquina. La plataforma resuelve la puerta de entrada. Lo que pasa después queda igual.

Hay además un efecto de visibilidad invertida. Cuanto más se ordena la oferta en canales privados, menos presencia pública tiene el tema, y menos incentivo hay para que un gobierno provincial lo incorpore a su agenda. En provincias donde el sexo pago se nombra poco, ese silencio no es señal de que el fenómeno sea pequeño. Los números de demanda dicen exactamente lo contrario.

Dos mapas que necesitan acercarse

El otro borde del debate es la trata. La Ley 26.364, sancionada en 2008, penaliza captar, trasladar o acoger personas con fines de explotación e incluye de manera expresa cualquier forma de comercio sexual cuando media coerción o abuso de una situación de vulnerabilidad. Separar ese delito del trabajo sexual autónomo, ejercido por mayores de edad por decisión propia, no es una sutileza retórica: cuando ambas cosas se confunden, la persecución recae sobre las trabajadoras y no sobre las redes que las explotan. En provincias sin presencia sindical ni cobertura periodística, esa confusión tiene mucho menos contrapeso.

El mapa de la demanda ya está dibujado y apunta al noroeste. El mapa de la asistencia sigue anclado en el área metropolitana, donde se conquistaron los derechos, donde están los abogados y donde se escriben las notas. Achicar esa distancia no requiere una discusión filosófica sobre el trabajo sexual. Requiere algo bastante más terrenal: una oficina abierta en Salta, un consultorio que no haga preguntas incómodas y un relevamiento provincial que hoy no existe.