Cuando la Justicia fijó la fecha de inicio del juicio a los ocho rugbiers por el brutal crimen de Fernando Báez Sosa, el principal interrogante que giró en torno a la causa y a los actores que la conforman fue el de saber qué ocurrirá durante los meses previos al debate oral.
Tanto Fernando Burlando -abogado de la familia de la víctima- como Hugo Tomei -letrado a cargo de la defensa de los imputados- coinciden en que son pocos los hechos que pueden acontecer de acá al 2 de enero de 2023, día en el que los ocho jóvenes comenzarán a ser juzgados. Sin embargo sí existe una cuestión que la Justicia aún debe resolver.
Se trata de un pedido para que se declare la nulidad absoluta del proceso que investigó la fiscal Verónica Zamboni en Villa Gesell, manifiesto en su totalidad en el requerimiento de elevación a juicio presentado el 17 de noviembre de 2020.
El fallo de la Corte por el cual los rugbiers sostienen el “pacto de silencio”
Los ocho rugbiers aguardan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decida si la acusación provino de una investigación con irregularidades por parte de Zamboni. Tomei sostiene que, tras el hecho, sus defendidos no fueron indagados de la manera correcta y que la titular de la Unidad Fiscal N°6 de Villa Gesell no les comunicó por qué los imputaba ni cuáles eran las pruebas para hacerlo.
“Yo estaba viajando a Villa Gesell durante la madrugada del 19 de enero para hacerme cargo de la defensa de los detenidos. Hablé con Zamboni y le pedí que me esperara para presenciar las indagatorias. Me comentó que ya los había indagado, que luego podía presentar una ampliación de la misma. Lo acepté sin saber que cada una de esas indagatorias había durado entre dos y tres minutos”, sostuvo el letrado en diálogo con el medio TN.
Este pedido ya fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en septiembre de 2021. Tomei pretende que ahora la Corte nacional atienda su reclamo e interceda para definir lo que considera una serie de incumplimientos y anomalías.
Si la Corte decide -antes del 2 de enero de 2023- que el reclamo de los rugbiers es válido, el juicio será postergado y deberá iniciarse otro proceso de investigación para recolectar las pruebas que den lugar a un nuevo debate oral. “De todas maneras este fallo puede salir luego del juicio, aún existiendo una condena para los imputados”, agregó Tomei.
Para Burlando, en cambio, resulta difícil pensar en algún tipo de modificación en la causa. “De parte de los imputados, desde mi punto han solicitado todo y a la situación de hoy han llegado. Todo intentaron. Y la respuesta es la postal que hoy podemos observar: ocho personas detenidas de cara a un juicio que indefectiblemente va a llegar en el mes de enero del año próximo”, remarcó.
Consultado específicamente por la latente posibilidad de que el debate sea postergado, Burlando respondió: “No veo esa posibilidad. Va a ser un juicio largo con mucha prueba a producirse y los tiempos estimados son los correctos”.
También sostuvo: “La idea de desviar la investigación hace que los imputados deban permanecer detenidos hasta el juicio”. El abogado indicó que de acá a enero del año próximo solo accionarán en todo aquello referido a la instrucción suplementaria y “oponernos a cualquier tipo de beneficio excarcelatorio, morigeración o medida alternativa a la prisión preventiva”.
El notorio pacto de silencio exhibido por los rugbiers implicó que ninguno de ellos declarara ante la fiscal Zamboni. La defensa justamente reclama que esas condiciones no permitieron que ellos hablaran.
Sin embargo, si la Corte fallara finalmente a favor de ellos y el proceso de investigación debiera repetirse, todos estos meses en los que decidieron no hablar cobraría el sentido que Zamboni les atribuye: un acuerdo para guardar silencio y no incriminarse entre ellos antes de que la Justicia lo haga a través de una sentencia.
La posibilidad de que los rugbiers sean trasladados a otro penal durante este año
“Claro que sí, es algo que la Justicia puede decidir en cualquier momento”, respondió Tomei ante la pregunta de si sus defendidos podrían ser trasladados de la Alcaidía N°3 “Melchor Romero” de La Plata. Allí están alojados Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz.
Los rugbiers están ubicados de a dos en cuatro celdas contiguas y permanecen 21 horas encerrados en ellas, alejados del resto de la población penitenciaria, con el temor latente de ser agredidos. Fue la propia directora de la Alcaidía, Natalia Roussillón, quien le solicitó al Tribunal Oral N°1 de Dolores “el correspondiente aval para que los mismos sean trasladados a la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)”.
“Temen recibir una venganza o ser agredidos en cualquier momento, por eso se entiende que desde el penal los cuiden al extremo. Sin embargo estas medidas son tan severas que se tornan inhumanas y degradantes”, manifestó Tomei.
Burlando, al respecto, destacó que el SPB “está haciendo un esfuerzo para garantizar su seguridad” y que “estos pedidos pueden generar que se los ponga en un lugar que no sea especial, compartiendo con la población normal su detención. Pero el lugar de detención puede variar en función de los distintos pedidos que han hecho de ciertas incomodidades”.
