El Concejal del bloque Unión por la Patria y Secretario General de la Agrupación Peronista de Energía Atómica, Lucas Castiglioni, repudió el proyecto de ley ómnibus impulsado por el gobierno nacional. En ese sentido advirtió en la preocupante situación de los trabajadores de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A., operadora de las Centrales Nucleares ubicadas en Lima, ante la posible privatización.
COMUNICADO:
El pasado 28 de diciembre el Presidente Milei presentó el tan anunciado proyecto de ley ómnibus para que sea tratado por el Congreso de la Nación. Sin embargo, a los pocos días del hecho, tomamos conocimiento a través de diversas expresiones de representantes del oficialismo y de sus aliados de Juntos por el Cambio, de que ese ómnibus no tiene frenos y quiere atropellar a todas las instituciones que hemos construido durante los último 40 años de democracia. No lo
vamos a permitir: las Leyes requieren de los debates correspondientes y de la construcción de los consensos necesarios.
En el caso de la industria nuclear, la situación resulta particularmente preocupante. Concretamente, en el Artículo 8° se declaran “sujeta a privatización” las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal entre las que se incluyen Dioxitek S.A. y Nucleoeléctrica Argentina S.A., dos compañías estratégicas para el desarrollo nacional y del programa nuclear argentino. Se trata ni más ni menos que de viejos anhelos de un sector de la dirigencia política
que considera que nuestro país debe renunciar a la promoción estatal de sectores dinamizadores del empleo de calidad, del desarrollo científico y tecnológico, de la innovación y de la promoción industrial con exportación de valor agregado sobre la base de un diagnóstico en donde existe siempre un privado dispuesto a hacerlo mejor.
El desarrollo de la actividad nuclear en la Argentina tiene más de siete décadas de existencia. Nació de la mano del Estado a través de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Gracias a una visión clara sobre el rol que el sector debía cumplir dentro de la estrategia de desarrollo nacional, alcanzamos grandes logros: pusimos en marcha el primer reactor de investigación y la primera central nuclear de potencia de América Latina, desarrollamos la cadena de valor del ciclo de combustible nuclear de manera local, así como también forjamos capacidades en aplicaciones como la medicina nuclear, entre muchos otros. Fue gracias a ello que nos posicionamos como referentes indiscutidos en el mundo y hoy exportamos conocimiento y tecnología nuclear.
Dioxitek fue creada por el Poder Ejecutivo Nacional en 1996 y actualmente es propiedad de la Secretaría de Energía (51%), la CNEA (48%) y el Gobierno de la Provincia de Mendoza (1%). Es una empresa que se dedica a producir polvo de dióxido de Uranio que se utiliza como insumo fundamental en el ciclo de combustible nuclear de las centrales operadas por Nucleoeléctrica, más específicamente, para la fabricación local de los combustibles nucleares que requieren las
Centrales Nucleares Atucha I “Juan D. Perón”, Atucha II “Néstor C. Kirchner” y Embalse de manera rutinaria para sostener su principal actividad, la generación de energía.
Durante el Macrismo la quisieron privatizar, y para ello redujeron la participación accionaria de la CNEA en favor de la cartera de energía. En el proceso, redujeron personal, pero acomodaron a sus amigos. Se la ofrecieron a Dios y María Santísima y no distinguieron empresas nacionales de extranjeras. Finalmente, nadie se las quiso comprar ¿Por qué? Porque para ello había que hacerse cargo de la terminación de una planta que Dioxitek tiene en construcción en la provincia de Formosa y cuyo objetivo es el de duplicar la capacidad de producción del dióxido de Uranio que nuestras centrales nucleares necesitan para funcionar. El resultado fue que el alcance del proyecto primero se redujera a la mitad -pasó de 2 a 1 línea de producción-, y luego se paralizara de forma definitiva. Mientras tanto, tuvimos que volver a importar dióxido de Uranio y, posiblemente, tengamos que volver a hacerlo en el futuro inmediato. Como les gustaba decir, volvimos al mundo. Pero en el medio perdimos soberanía y divisas.
En el período 2020-2023 se retomaron las obras de Dioxitek en el Polo Científico Tecnológico y de Innovación y, una vez que cobran ritmo nuevamente, corremos el riesgo de repetir la historia. Esta vez, ¿habrá un privado dispuesto a invertir lo que hace falta para terminar la nueva planta de Uranio, o están esperando a que el Estado la termine? ¿Será una empresa nacional o estaríamos ante la posibilidad de entregarle activos y capacidades a empresas que puedan poner en riesgo nuestra seguridad energética? ¿Qué rol jugaría la Comisión Nacional de Energía Atómica en este proceso? ¿Podrá un privado garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad que la industria nuclear exige? Las razones por las cuales dudar del beneficio de entregarle una empresa tan sensible para el sostenimiento de la actividad de generación nucleoeléctrica son evidentes, así como también la previsible resistencia de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, de la industria y de las provincias afectadas.
En el mismo momento en donde el precio internacional del Uranio se recupera y recalienta, en donde la geopolítica se cuela en cualquier análisis de política exterior que pretenda sortear las crisis energéticas y climáticas y en donde todos los países que tienen centrales nucleares trabajan para garantizar el abastecimiento del Uranio en sus diversas formas -concentrado, purificado, enriquecido-, el gobierno de Milei pone en venta una empresa de vital importancia para la fabricación local de los combustibles que utilizan nuestras centrales nucleares.
Además, Dioxitek desarrolló capacidades complementarias en conjunto con la CNEA y Nucleoeléctrica para la producción de fuentes selladas de Cobalto 60. Concretamente, el Cobalto es irradiado en la Central Nuclear Embalse y posteriormente es trasladado al Centro Atómico Ezeiza de la CNEA en donde fabrica las fuentes que se utilizan para preservar alimentos, esterilizar insumos quirúrgicos para medicina, tratar residuos hospitalarios patogénicos y enfermedades cancerígenas, entre otras múltiples aplicaciones pacíficas. El Cobalto 60 comercializado en sus diversas formas es altamente demandado en el mundo y es por ello por no solo abastece al mercado local, sino que también participa del comercio internacional a través de su exportación.
Nucleoeléctrica fue creada por el Poder Ejecutivo Nacional en 1994. Es una sociedad anónima cuyo capital social accionario se encuentra distribuido entre el Ministerio de Economía de la Nación (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina S.A. (1%) y es la empresa a cargo de la operación de las tres centrales nucleares en funcionamiento, dos de las cuales se encuentran emplazadas en la Ciudad de Lima del Partido de Zárate. Concretamente,
Nucleoeléctrica está a cargo de la comercialización de la energía allí producida, así como también del gerenciamiento de proyectos que aseguren la operación de sus instalaciones y de aquellos que tengan por objetivo la construcción de futuras centrales nucleares en el país. Actualmente, cuenta con una potencia instalada de 1763 MWe, equivalente al 4% de la potencia instalada del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), lo que le permite producir entre el 5% y el 8% de la generación eléctrica.
El proyecto de privatización de las centrales nucleares tampoco es nuevo. Hubo ya dos intentos, uno en la década de los 80 y otro en la década de los 90. De hecho, es por ello por lo que se separó a la actividad de generación de la CNEA y se constituyó Nucleoeléctrica como empresa operadora. Entonces, el proyecto de Atucha II inconcluso, la aversión al riesgo de los empresarios locales y la resistencia de los y las trabajadoras de la industria, impidieron que las acciones pasaran a un privado que tampoco apareció.
Actualmente, la empresa se encuentra en proceso de implementar el Proyecto de Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados para Atucha I y II, así como también colabora con la CNEA en el proyecto CAREM – prototipo del primer reactor pequeño diseñado y construido por Argentina-. Asimismo, y de acuerdo con la Ley N° 26.566, tiene la responsabilidad de construir dos nuevas centrales nucleares. ¿Se imaginan a un privado llevando a cabo todas estas actividades? La realidad indica que eso no ocurrió en el pasado, pero debemos estar alerta. Nucleoeléctrica es una empresa estatal que funciona, y funciona bien. Sus centrales proveen energía a millones de argentinos de manera limpia y eficiente y su posible privatización no se fundamenta en ninguno de los prejuicios que hemos escuchado repetitivamente durante los meses de campaña.
De acuerdo con lo anunciado, despedir trabajadores de la CNEA o la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), reducirles los salarios o desfinanciar los proyectos de inversión, son acciones que también ponen en riesgo el rol del Estado para asegurar la operación segura de todas las instalaciones nucleares emplazadas en todo el territorio argentino. Para que Argentina pueda continuar asegurando al mundo su condición de país responsable y promotor de los más altos estándares en materia de seguridad, regulación y control, deberá seguir asignando recursos para que dichos organismos puedan cumplir la totalidad de las funciones asignadas por Ley.
La privatización tanto de Dioxitek como de Nucleoeléctrica podría poner en riesgo la continuidad del programa nuclear argentino y atentaría contra el rol que hoy desempeñan en las zonas de influencia -tanto del Complejo Nuclear Atucha como de la Central Nuclear Embalse- en concepto de empleador y capacitador de mano de obra calificada, desarrollador de la industria y proveedores locales y contribuyente, siendo además un actor social comprometido con el desarrollo humano de las comunidades que integra.
El 25 de junio de 2022 el Honorable Concejo Deliberante de Zárate sesionó de forma extraordinaria en las instalaciones del Complejo Nuclear Atucha y declaró, de forma unánime, de interés legislativo a los proyectos Atucha III, extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I “Juan D. Perón” y CAREM 25. Ante este atropello y la denuncia del bloque UxP-PJ, mientras la ley ómnibus avanza a los empujones en el Congreso de la Nación, el oficialismo local todavía no nos ha dado la oportunidad de exponer los posibles riesgos de la privatización de ambas empresas para nuestra comunidad. Esperamos poder tener la oportunidad de dar este debate de cara a la sociedad en el corto plazo.
