La exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, fue condenada este lunes a la pena de tres años de prisión de “ejecución condicional” y a restituir al estado casi 7 millones de pesos por haber cometido el delito de defraudación en contra de la administración pública, al pagar gastos familiares y personales con fondos públicos. También fue inhabilitada de por vida para volver a ejercer cargos públicos.
La decisión fue por unanimidad de los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel, quienes además le mantuvieron la obligatoriedad de presentarse en el consulado argentino en Miami una vez por mes entre los días 1 y 5.
El fiscal federal Diego Luciani había pedido que Picolotti fuera condenada a tres años y nueve meses de prisión y a devolver casi 7 millones de pesos por el perjuicio al Estado nacional. Por su parte, el abogado de la ex funcionaria, Felipe Trucco, había reclamado la absolución.
“Lamento profundamente que el Estado haya gastado 14 años de recursos, sobre todo el tiempo de los magistrados aquí presentes, para lo que es evidente: que yo no cometí delito alguno”, había dicho Picolotti ante el Tribunal Oral Federal 6 antes de conocerse la sentencia.
La audiencia, virtual por la pandemia del coronavirus, comenzó a las 8 de la mañana con algunos problemas de audio y video de parte de Picolotti, quien se encuentra en los Estados Unidos, donde vive desde 2015 y trabaja para una asociación civil de medio ambiente, su especialidad como abogada.
Hace dos semanas, en su alegato final, Luciani había acusado a Picolotti de haber realizado “gastos irracionales, escandalosos y burdos” que no tenían nada que ver con su desempeño oficial. “Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”, sostuvo el fiscal, quien había pedido la “devolución” al Estado de 6.941.170,50 pesos por sus gastos injustificados.
Entre los gastos, el fiscal detalló comidas en parrillas, desayunos, restaurantes de sushi, flores, productos de farmacia, alimento balanceado para perros, carga de combustible, lavado de auto, servicio de lavado de ropa, compra de piedras aromatizadas, sahumerios. En su alegato expuso las facturas de varios de ellos. Uno de los tickets que expuso fue uno de los gastos que más llamó la atención. Es de 77,50 pesos en “Hooters”, un bar que era atendido por mujeres semidesnudas y lleva escrito un “Muchas gracias”. Otro gasto, en el local Pigmento, dice “regalo Flor y Sofi de cumpleaños”. (DIB) FD
