El Servicio Penitenciario Bonaerense alojó durante los últimos tres años a los acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa en pabellones propios, lejos de otros detenidos, con recreos donde no se cruzan con otros internos y horarios de visita exclusivos para sus familiares, atendidos por psicólogos y leyendo libros de sagas de fantasía como Game of Thrones.
Lo que vivieron en la Alcaldía N°3 de Melchor Romero y la Unidad N°6 de Dolores no puede llamarse un encierro VIP. Las condiciones edilicias son las mismas que en cualquier otra cárcel. El RIF, resguardo de integridad física, es un dispositivo para evitar ataques, en este caso de detenidos que buscan hacer su fama hiriendo a otro preso de más fama, una constante en la vida tumbera. El SPB es, básicamente, el responsable final de sus vidas y su seguridad. Nadie querría un escándalo de esta magnitud, lo que mantuvo a los rugbiers seguros en todo este tiempo.
Hoy, tras las condenas, todo esto puede cambiar.
Fuentes con acceso a la situación aseguran que el SPB definirá la situación de los rugbiers en base a los pedidos de cupo que hagan los magistrados. Tras la condena, el Tribunal N°1 requirió que los ocho regresen a Melchor Romero, a la espera que se decidan sus destinos finales. El traslado, confirmaron fuentes penitenciarias, comenzó a mediados de la tarde.
Así, tras ser asignados a otros penales, entrarán en una realidad carcelaria totalmente distinta.
El resguardo de integridad física podrá ser mantenido, pero en base a sus penas. podrán ser separados y enviados a distintos penales, donde se encontrarán con el principal problema del SPB: el hacinamiento y la sobrepoblación. Las cárceles bonaerenses tienen una capacidad nominal para cerca de 30 mil detenidos. Hoy, superan los 52 mil, de acuerdo a datos oficiales.
El penal de Campana, el más cercano a Zárate, sería el más idóneo para encerrarlos: la cercanía a las familias es un criterio que suele primar. Lo que ocurre en la práctica es otra cosa. Hoy, Campana se encuentra hacinado. Los rugbiers podrían ser alejados de sus familias, alojados en cárceles del interior bonaerense profundo, en unidades donde suele haber un 90 por ciento de detenidos de otras jurisdicciones.
A otros presos no les gustaba el misterio en la cárcel de Dolores. Desde dentro del penal, un veterano de años en las jaulas provinciales decía poco después de su llegada en el verano de 2020: “Loco, ¿qué onda ‘los rugby’? A cualquier guachito que ingresan lo apuñalan o lo cagan a trompadas o les roban las zapatillas, no como a estos giles que les hicieron una pieza para diez”. Otro interno también relataba en ese tiempo: “En el primer día vinieron a las cinco de la mañana, con un par de compas los vimos pasar nomás, pero rodeados de policías, ni las caras les pudimos ver. Estaba toda la comitiva del Servicio Penitenciario, y los que los movieron fueron todos los jefes de penales, directores, jefe de visitas”.
Máximo Thomsen fue el único de los acusados que se refirió a sus días en la cárcel, en su monólogo ante la fiscal del caso, Verónica Zamboni, también en febrero de 2020.
“Quiero aclarar que en la cárcel no estamos como dicen los medios, que dicen que tenemos aire acondicionado, que tenemos ventiladores, que somos presos VIP cuando en realidad estamos toda la noche escuchando lo que nos dicen otros presos, que nos gritan que tienen precio nuestras cabezas, que Burlando los va a defender, que nos quieren violar. Nos gritan de todo por la ventana”.
Sin embargo, en tres años, Thomsen y sus compañeros de causa no sufrieron ataque alguno, gracias a su aislamiento, que dista enormemente de los aislamientos regulares marcados como castigos internos.
