Advierten que la “Operación Roca” otorga facultades inconstitucionales a las Fuerzas Armadas, como la posibilidad de detener civiles y reprimir protestas.
La diputada nacional Agustina Propato (Unión por la Patria) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que se brinden explicaciones detalladas sobre la polémica “Operación Roca”, un operativo militar autorizado por el Ministerio de Defensa que desdibuja los límites entre defensa nacional y seguridad interior.
La acción fue lanzada por medio de la Resolución 347/2025, firmada por el ministro Luis Petri, y autoriza el despliegue de más de mil efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera norte del país. Según el gobierno, se trata de un refuerzo al control territorial. Sin embargo, diversas fuentes revelaron que el operativo habilitaría a los militares a detener civiles “en flagrancia”, portar armas de guerra, utilizar equipamiento antidisturbios y participar de tareas que históricamente corresponden a las fuerzas de seguridad.
¿Qué pide el Congreso?
El proyecto de Propato, que se basa en los artículos 100 inciso 11 de la Constitución Nacional y 204 del reglamento parlamentario, exige al Ministerio de Defensa respuestas concretas sobre:
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Las facultades otorgadas a las Fuerzas Armadas.
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El tipo de armamento autorizado.
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La posibilidad de intervención en protestas o tareas policiales.
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El impacto institucional y estratégico del operativo.
Además, cuestiona que no se haya dado intervención previa al Congreso ni explicado el alcance de las medidas.
Críticas de organismos y exfuncionarios
La “Operación Roca” generó preocupación en organizaciones de derechos humanos como el CELS, y fue duramente cuestionada por exministros de Defensa de distintos signos políticos, entre ellos Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy. Todos coinciden en que se trata de una violación a la Ley de Seguridad Interior, que impide el uso de las Fuerzas Armadas dentro del país salvo en tres situaciones puntuales:
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Ataques a unidades militares.
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Asistencia logística solicitada por el sistema de seguridad.
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Estados de sitio oficialmente declarados.
Riesgos estratégicos e históricos
El pedido de informes también advierte sobre la policialización de las Fuerzas Armadas, algo que podría afectar su doctrina, preparación y objetivos defensivos. Incluso se menciona que esta redefinición de funciones podría distraer recursos del vigilancia estratégica sobre el Atlántico Sur, donde persisten tensiones con el Reino Unido por las Islas Malvinas y la Antártida.
“La decisión del gobierno tiene ecos preocupantes de etapas autoritarias de nuestra historia reciente”, advirtió Propato en declaraciones parlamentarias.
El Congreso se mueve
Ante el avance del operativo, legisladores de distintos bloques analizan convocar a una sesión especial en Diputados para debatir el tema. El oficialismo insiste en que se trata de una medida “racional y excepcional”, pero para muchos sectores políticos, sociales y jurídicos, la “Operación Roca” abre una peligrosa puerta hacia la militarización de la vida interna del país, un terreno muy sensible dada la historia argentina.